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Las investigaciones de supuestos hechos de corrupción de funcionarios de la Ciudad y delitos vinculados con la inseguirdad serán juzgados por la Justicia penal porteña. Así lo establece una ley que sancionó ayer el Congreso Nacional y que transfiere a la Ciudad la competencia para investigar una larga serie de delitos que hasta ahora, cuando se cometen en el territorio porteño, recaen igual en la Justicia de la Nación.
Se abrirá, ahora, de todas maneras, una disputa entre los Gobiernos de la Nación y la Ciudad por la transferencia de partidas presupuestarias que tendría que acompañar el traspaso de la competencia sobre los delitos.
Ya hay un conflicto por dinero, de hecho, a raíz de las dos transferencias anteriores de competencias, que se hicieron sin los fondos. La Ciudad viene reclamando $ 130 millones a través de una demanda contra la Nación en la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo. Ayer mismo lo recordaron en la Cámara de Diputados legisladores del PRO. El texto votado establece que se deben transferir fondos, pero no establece cómo deben cuántificarse.
El proyecto fue aprobado ayer por unanimidad en Diputados y pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación, porque el año pasado ya había recibido media sanción del Senado, donde lo impulsaron los kirchneristas Daniel Filmus y Miguel Pichetto.
La Justicia porteña tuvo su origen luego de la reforma constitucional de 1994, ya que hasta allí la Ciudad era un territorio que dependía directamente del Gobierno Nacional. Sin embargo, la célebre ley Cafiero, de defensa de los intereses nacionales en la Ciudad, restringió, entre otras cuestiones, las competencias de la Justicia porteña a las materias contravencional y contencioso administrativa.
Sólo a través de convenios entre los dos gobiernos en los últimos años se transfirieron dos tandas de delitos penales a la Justicia porteña. Para esta tercera transferencia se eligió otra vía, que fue una ley nacional, que ahora seguramente será refrendada por la Legislatura de la Ciudad. Pero además este tercer capítulo es el que más delitos incluye: en total son 27.
Entre ellos figuran los delitos de corrupción de funcionarios locales, como enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. También hay otras figuras más comunes, como lesiones, estafa e incluso tenencia de estupefacientes.
“Se dice que estos delitos totalizan unas 30.000 causas anuales , aunque es difícil de calcular con precisión. La Justicia de la Ciudad está plenamente en condiciones de hacerse cargo porque tiene 31 juzgados de primera instancia y actualmente se están tramitando concursos para ampliar el número de fiscalías, de defensorías oficiales y de asesorías tutelares”, dijo a Clarín Marcelo Vázquez, camarista contravencional y peñal porteño y directivo de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), que impulsó esta ley.
“Por supuesto que este es un paso más hacia la autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires y estamos satisfechos. Pero es muy importante que ahora se transfieran las partidas presupuestarias, que no pase como con las transferencias anteriores”, dijo a este diario Martín Borrelli, legislador del PRO e integrante de la Comisión de Justicia.
Las autoridades de la Justicia de la Ciudad elevaron recientemente un pedido de $ 725 millones para que sean incluidos en el resupuesto para 2012.
Fuente: Clarín.com
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