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jueves, 31 de enero de 2013

El blog recomienda...


"La cuestión criminal", de Eugenio Raúl Zaffaroni.


Por Miguel Andrés Fucarile

Esta nueva obra del Dr. Zaffaroni es una compilación de diferentes columnas publicadas en el diario Página 12, tendientes a acercar al público en general al concepto y contenido de las teorías criminológicas del presente y a lo largo de la historia, desde muchísimos años antes al nacimiento de la prisión como forma de control social.

En una primera parte de la obra, el autor resalta la diferencia entre la Criminología y el Derecho Penal (siendo esta última una mera expresión de la primera), y cómo erróneamente se identifica a los penalistas como los analistas del origen, fundamento, y función de la pena estatal como la forma más burda y violenta de control de las masas (principalmente como resultado de nuestras actuales universidades).

Adentrados los primeros capítulos, se realiza un análisis de las diferentes corrientes criminológicas desde la aparición del malleus maleficarum ("El martillo de las brujas"), compendio destinado a detallar los métodos de tortura típicos del proceso penal de la inquisición, pasando por el positivismo del S. XIX, teorías sociológicas y teorías críticas, entre otras. Todas, al menos en el intento, siendo explicadas lo más claramente posible.

Más adelante (y personalmente lo más interesante), el Dr. Zaffaroni realiza una crítica acerca de la función de los medios de comunicación. Sin entrar en mayores detalles, resalta como refuerzan la situación de víctima de los damnificados, explotando su dolor como herramienta mediática, reafirmando su rol y postergando su recuperación psicológica. Asimismo, crea un "ellos" maligno, el cual debe ser segregado sin más, incitando la vindicta. Sin perjuicio del tan polémico concepto de "inseguridad" como otro presunto derecho protegible aún antes de otros bienes jurídicos que sí son reales (vida, propiedad, libertad, integridad sexual, etc.).

Por último, se propone una nueva Criminología: se trata de la Criminología cautelar, la cual debe servir de herramienta que prevenga las masacres ocasionadas por la ruptura de las barreras contenedoras de la violencia del sistema penal. Esta ruptura es muchas veces ocasionada por la formación de chivos expiatorios (a lo largo del tiempo identificados con jóvenes de clase baja, negros, gitanos, judíos, homosexuales, etc.), que lentamente se los culpa de todos los males de la sociedad, a cuyo único remedio resulta, a fin de cuentas, su exterminio.

En resumen, una excelente obra para cualquier persona que quiera acercarse a las explicaciones que se esbozaron a lo largo de la historia, al por qué el delito, la pena, y el sistema penal mismo.

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martes, 1 de febrero de 2011

De 16 a 14, ¿hace la diferencia?

Por Miguel Andrés Fucarile


Por imposible que parezca, en esta entrada voy a tratar de desarrollar un reciente fenómeno, que se puede explicar tal vez con esta foto:


(fuente: lanacion.com)



El régimen legal


Creo que para un buen comienzo es correcto explicar un poco qué dice la ley 22.278, regulatoria del "Régimen Penal de la Minoridad".

En lo que respecta a la edad en que las personas se vuelven penalmente responsables (punto que actualmente parece preocupar a todos), la ley permite inferir 3 categorías:

1°) Menores de 16 años de edad (es decir, hasta los 15 años inclusive) - penalmente inimputables. ¿Qué quiere decir ésto? La ley presume, sin admitir prueba en contrario (presunción de iure) que estas personas poseen una determinada circunstancia que impide la aplicación de una pena. ¿Pero por qué?

Sin desviarme demasiado, para que una conducta implique un delito (y por lo tanto sea punible) no sólo se requiere que tal acción esté expresamente contenida en la ley (por ej.: matar - delito de homicidio - art. 79 Cód. Penal), sino que además no se encuentre justificada (v.gr.: legítima defensa - art. 34 Cód. Penal) y que el individuo sea consciente de haber realizado una acción prohibida (saber que lo que hizo es un delito). Esto se justifica ya que nadie puede ser penado por una acción cuya prohibición no se pudo conocer, específicamente, por una falta de capacidad (de culpabilidad). La aplicación de una pena deviene de haber elegido realizar una acción prohibida. El que no pudo elegir, no puede ser castigado (ya que no pudo obrar distinto de como lo hizo).

Resumiendo, la ley entiende que los menores de cierta edad no están en condiciones de comprender (o de motivarse por) normas de carácter penal. La falta de comprensión no reace sobre la acción, sino sobre las consecuencias jurídico-penales de la misma.

2°) Mayores de edad (18 años inclusive) - Es el extremo opuesto. Aquí nos encontramos ante personas plenamente responsables por sus acciones. No hay discusión sobre ésto.

3°) Menores de 16 y 17 años de edad - Parcialmente imputables. Aquí hay que hacer una distinción. Estos menores son imputables (es decir, les corresponde pena) por los delitos que cometan, salvo para:

a) Delitos de acción privada (definidos taxativamente en el art. 73 Cód. Penal);
b) Delitos que impliquen la imposición de una pena menor ó igual a 2 años de privación de libertal, multa ó inhabilitación.

Hasta aquí el régimen legal respecto a la edad de inimputabilidad. Sin embargo, es menester resaltar lo que yo considero el mayor problema de esta ley penal juvenil. Es el problema del procedimiento.

La crítica es la siguiene: lo que la ley parece otorgar por un lado, lo retira con creces por el otro. Con el eufemismo de proteger a los menores (excusa dada al declararlos inimputables), el juez penal tiene facultades casi absolutas sobre ellos y sin importar su edad. Es decir, aunque sean plenamente inimputables (13, 14, 15 años por ejemplo), medidas como las que siguen pueden dictarse de acuerdo al texto legal. Veamos.

En primer lugar, la circunstancia de que un menor se encuentre imputado de un delito permite al juez, desde el primer momento de la investigación, disponer provisionalmente de él. Traducción: simplemente "separarlo" de donde se encuentra, quitándolo de la custodia de su familia si es necesario, y alojarlo ya sea en un "instituto" ó simplemente detenerlo preventivamente. Se entiende en estos casos que el imputado estará "a disposición" del juez hasta que cumpla la mayoría de edad.

Paréntesis aparte merece el tema de los institutos. No voy a hacer ahora una crítica sobre este tema in extenso porque aquello requeriría un trabajo completo e independiente. Basta afirmar que estos pretendidos centros de alojamiento (repito, bajo el eufemismo de la protección del menor) son verdaderas cárceles con todas sus implicaciones. No sólo esto, sino que además, y curiosamente también con el argumento de su protección, los menores ajoados poseen menos derechos que los adultos en su misma situación de detención. No son aplicables las reglas pertinentes a la excarcelación (art. 315 Cód. Proc. Penal de la Nación), y la única reglamentación vigente es la ley penal juvenil. Ergo, el juez decide sin el más mínimo control sobre el menor. En la realidad las resoluciones judiciales a ese respecto ni siquiera cumplen con el requisito fundamental de la motivación de las resoluciones judiciales, regla jurídica clara contraria a la arbitrariedad.

En ciertos casos el juez podrá incluso disponer definitivamente del menor, pudiendo ordenar su traslado sin casi ningún impedimento (tales decisiones sí requerirán una exhaustiva motivación, debido a su extrema gravedad -como si de otra forma no lo requiriese-).

Por último en cuanto a la ley 22.278, para aplicar efectivamente una pena a un menor de edad se requiere:

- Que se haya declarado su responsabilidad penal por sentencia condenatoria firme. Rigen al respecto todos derechos y garantías legales y constitucionales de cualquier persona acusada de un deltio. Si no puede arribarse a la certeza sobre la culpabilidad, se impone la absolución.

- Que el condenado haya cumplido 18 años de edad (de otra forma, se lo aloja en uno de los "institutos" arriba reseñados").

- Que se haya sometido al imputado a un "tratamiento tutelar" no inferior a un año. Acerca de estos "tratamientos", se puede decir a grandes rasgos que distan cabalmente de su propósito, y básicamente se orientan a tratar de acreditar vanalmente la potencial peligrosidad del imputado (y así probar una suerte de determinismo causal de

Como resultado de ese tratamiento, y una vez cumplidos los demás requisitos, el juez puede optar por:

1) Aplicar la condena;

2) Aplicar la condena pero ajustándola al régimen de un delito tentado (es decir, reduciendo la escala penal de 1/3 a la mitad) ; ó

3) Absolverlo (aquí obviamente no es necesario esperar lapso alguno).



La realidad actual


Ahora bien, hoy nos encontramos ante realidades como la expresada en la foto:
(fuente: clarin.com)

¿Realmente esta pregunta puede contestarse afirmativamente tal como lo hacen 10.823 personas? ¿Una política criminal puede basarse en borrar un 6 y poner un 4 en la ley donde se establece el límite para la imputabilidad?

A mi manera de ver, ESTO DE NINGUNA MANERA HACE LA DIFERENCIA. Se podrá afirmar que éste es un cambio que debe acompañarse de otros. A este comentario digo que cambios deben hacerse, pero en otros factores infinitamente más sensibles como los que acabo de describir.

La pretendida modificación a la edad de imputabilidad responde, como ya es costumbre en las leyes penales, a sorpresivos "ataques de delincuencia". Pasó con los secuestros, pasó con las "salideras", pasó con los "desarmaderos" y pasará otra vez. Ya lo dijo Beccaría:

"... las leyes, que son o debieran ser pactos entre hombres libres, no han sido generalmente más que el instrumento de las pasiones de unos pocos, o han nacido de la fortuita y pasajera necesidad; no han sido dictadas por un frío observador de la naturaleza humana..."
Las pasiones no permiten sancionar buenas leyes. La experiencia lo demuestra. Y también demuestra algo que ya cansa de tanto afirmar: más presos no implica mayor justicia (aunque el olvido siempre se impone).

El cambio, el verdadero cambio, pasa por sancionar un régimen procesal acusatorio, respetuoso de las garantías constitucionales y especialmente protector de los menores. Y no con eufemismos como los actuales, sino que permitan una verdadera ayuda.

Ahora bien, el que quiera discutir el fundamento de la condena a un menor debe inevitablemente sumergirse en las aguas de la filosofía del derecho. Los que afirmen que la condena a un menor es justa por sí misma, que tome su postura en el eterno interrogante del fundamento de la pena. Y los que elijan la retribución (que son muchos), que sean conscientes de su elección (sobre todo de las miserias que conllevan).

Nadie justifica tragedias como las que ejemplifico con este reciente y trágico hecho. Por favor, que se entienda. Simplemente reitero lo que dije en otra oportunidad: el delito es la punta del iceberg. Es el reflejo de una sociedad en crisis. Pobreza, ignorancia, desocupación, desdén. Todas ellas y más son sus causas. Podemos poner parches a una enfermedad o podemos tratarla. Podemos construir cárceles sin fin o procurar combatir la raíz del delito.

Pero no podemos, como hacen algunos, pedir justicia a la víctima.



"... el fin de las penas no es atormentar y afligir a un ser sensible, ni deshacer un delito ya cometido (...) El fin, pues, no es otro que impedir al reo hacer nuevos daños a sus conciudadanos y apartar a los demás de cometer otros iguales. Deben, por tanto, ser elegidas aquellas penas y aquel método de inflingirlas que, gardada la proporción, produzcan la impresión más eficaz y más duradera sobre los ánimos de los hombres, y la menos atormentadora sobre el cuerpo del reo."
Beccaría.


martes, 7 de diciembre de 2010

Recomendación: El Rati Horror Show

"Desgraciada la generación cuyos jueces merezcan ser juzgados..."
(Tato Bores)


Sin pretender hacer algún spoiler, esta película me llamó la atención particularmente en dos grandes apectos (que hasta cierto punto no sorprenden):

- El papel de las fuerzas de seguridad: el trinomio inseguridad - gatillo fácil - sustracción de pruebas es de una entidad tal que cuestiona toda la institución policial. No es novedosa la crítica defensiva respecto de los primeros momentos de la instrucción, en donde la policía tiene el exclusivo control de las pruebas. Cada vez son mayores las denuncias en contra de las fuerzas que en teoría tiene el deber de proteger a los ciudadanos.

- Aunque aparezca secundario en el film, el rol de los medios de comunicación. Es patante hasta dónde puede llegar la deformación en la pretensión de dar a conocer noticias "objetivamente" a los televidentes. La publicidad de estos hechos se hace en forma parcial (en sus dos sentidos: incompleta y mal intencionada), en parte motivado por la imperiosa y constante necesidad de ser el primer medio el cual brinda cobertura al hecho en cuestión.

Como un dato curioso, se muestra en la película una serie de reconstrucciones virutales que resultarían muy útiles a la hora de litigar.

En fin, recomiendo ampliamente ver esta película. Aquí un trailer:


jueves, 4 de noviembre de 2010

Detener más no significa detectar más delitos

Excelente entrada de Horacio Cecchi en su blog: "Lo que quedó en el tintero"




En la audiencia pública que se realizó en el Senado bonaerense, 65 organizaciones civiles expresaron sus razones para dar un “no” aplastante al proyecto de Código Contravencional. Según me comentó Roberto Cipriano García, coordinador del Comité Contra la Tortura y que presentó en la audiencia un documento en representación de la Comisión Provincial por la Memoria, “fueron tan contundentes que sería vergonzozo que intentaran insistir”. Insistir, insisten (ver post de la presentación del Plan de Casal). Pero volviendo a la audiencia, que fue presidida por los senadores Cristina Fioramonti y Roberto Ravale, tras las exposiciones en las que no se ofreció ninguna en defensa del plan, el Senado tiene 30 días para realizar una síntesis de lo expuesto y pasar a comisiones para su análisis. Luego, ya se supone que el año próximo, habrá que esperar un dictamen.

Después de la expresión de las organizaciones de la sociedad, en una audiencia pública queda claro lo que se piensa socialmente del proyecto de Código Contravencional Casal.

Como señalan desde la Comisión Provincial por la Memoria, y desde todos los organismos que se presentaron en la audiencia, no existe relación entre la utilización del Código Contravencional y de las detenciones por averiguación de identidad con la prevención del delito: detener más no significa detectar más delitos. De un estudio realizado por el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria se desprende que de un total de 658 actas de detenciones por averiguación de identidad, sólo en dos casos (0,30%) se iniciaron actuaciones por delitos.

¿Por qué, entonces, tanto hincapié en desarrollar un plan que no sirve para nada? Porque la inseguridad paga con votos. (el resaltado no es original)

¿Por qué no se persigue lo que causa el delito? Se persigue sólo la parte visible, que es la que nos dejan ver, la mano de obra barata. N0 se persigue la causa porque es la misma policía la que la recluta y controla.

¿Por qué detienen a los reclutados? Porque no van a detenerse a sí mismos. Y detienen sólo una parte decimal de sus reclutados. Hacia dentro, hacia los chicos tomados por la policía, esas detenciones decimales funcionan como una espada de Damocles que los obliga a seguir robando para la policía. Hacia fuera, detener a una parte y molestar a todos los reclutados demorándolos por antecedentes (que la policía ya tiene desde que fueron reclutados) es mostrar que se “lucha contra el delito, se combate a esa lacra”, aunque no se haga nada más que eso. En realidad, la puerta giratoria funciona mucho antes de que uno se entere, cuando se realizan esas mínimas e invisibles detenciones de chicos en la calle, donde se los capta y recluta y se los suelta para que roben, esa es la única puerta giratoria.

Los delitos se repiten en fracciones mucho menores que lo que se alienta en los medios. ¿Por qué? Porque el mecanismo mediático multiplica un caso en una realidad universal.




¿Qué efecto produce la universalización mediática? Dispara la sensación de inseguridad. Un homicidio es un homicidio. Diez homicidios son diez homicidios. Pero las muertes por imprudencia en el tránsito están infinitamente por encima y sin embargo no disparan ese miedo. No hay campañas electorales con proyectos para reducir la velocidad en los autos que salen de fábrica. Si no hay interés, no hay titulares en los medios que, además, designan a una muerte por imprudencia en el tránsito como un “accidente” con lo que se quita toda responsabilidad. En cambio, en un homicidio en ocasión de robo de auto la responsabilidad se descarga entera sobre el que fue reclutado para robar. No se descarga sobre la causa, porque la causa es el responsable mismo de que no ocurra el robo. Pero la inseguridad paga con votos, con lo que hay que desparramar acción que justifique hacia fuera y permita seguir haciendo hacia dentro.

viernes, 1 de octubre de 2010

La causa de la inseguridad

Otra encuesta de Clarín.com


Por Miguel Andrés Fucarile


¿Qué influye más en la inseguridad?
, filosofa el portal de Clarín.

Se me ocurre ensayar como reemplazo a esta pregunta, la siguiente: ¿Cuál es la causa de los delitos? Creo que ambas se refieren a lo mismo, pero con otras palabras.

Y a este interrogante criminológico, al cual se han dedicado innumerables autores de todas las escuelas y posturas a lo largo de varios siglos, el diario digital nos ha reducido las posibilidades a 3 (para envidia de los positivistas, quizás):

- Mayor delincuencia;
- Leyes ineficaces;
- Pasividad policial.

A riesgo de parecer obvio, esta elección no puede ser más simplista. Los resultados de este planteo no pueden arrojar, a mi entender, una conclusión siquiera medianamente seria. Propondría en cambio, agregar algunas otras opciones:

- La pobreza;
- La desocupación;
- La desigualdad social;
- La falta de educación;
- La corrupción policial y judicial;
- Aspectos genéticos o naturales (estoy seguro de que más de un voto recibiría);
- Todas las anteriores.

Pero sin embargo, 14.473 personas (al momento de hacer esta entrada), entendieron que en una de las tres alternativas que mencioné en primer lugar se encuentra la respuesta.

- Mayor delincuencia: 2568 votos.
- Leyes ineficaces: 8675 votos.
- Pasividad policial: 3230 votos.

Me pregunto a qué se habrá referido la gran mayoría de los encuestados al elegir por el concepto de "leyes ineficaces". Una vertiente podría ser que las leyes penales son laxas con los imputados en términos de concesión de la libertad. Sin embargo, no olvidemos el resultado histórico del "endurecimiento" de las leyes penales (entendida ésta quizás como la mayor estrictez en el otorgamiento de beneficios o el reconocimiento de derechos a los imputados y condenados). Los delitos no disminuyen por el hecho de que las penas sean más graves ó se excluya del régimen de las excarcelaciones a ciertas imputaciones. Esto es innegable, creo yo. Como dijo una vez un profesor: "nadie sale a la calle a cometer delitos con un Código Penal en la mano". Algunos dogmáticos creen que la prevención general negativa se genera íntegramente con el mero hecho de que determinadas acciones se consideren en sí delictivas, sin importar el monto de la pena. Al parecer de algunos otros, las cárceles argentinas son fábricas de reincidentes.

En conclusión: no seamos simplistas. No hay nada de malo en proponer encuestas. Incluso es productivo saber qué piensa la gente. Pero no insistamos en argumentos ya superados sobre el porqué delinquir.

lunes, 16 de agosto de 2010

Inseguridad: ¿Quién tiene la culpa?

Una encuesta en Clarín.com

Por Miguel Andrés Fucarile

Hoy en el diario digital Clarín.com se publicó la siguiente encuesta:

Inseguridad: ¿Quién cree que tiene mayor responsabilidad?

- Los políticos (opción que elegí)
- La justicia
- La policía

Al momento de escribir esta entrada, los resultados son los siguientes:

- Los políticos: 59,3% (2109 votos)
- La justicia: 32,9% (1171 votos)
- La policía: 7,8% (278 votos)

Y al ver los resultados me sorprendí en por varias cuestiones, verbigracia:

- En primer lugar, esperaba otro resultado (más pesimista en mi opinión). Pensaba que la justicia iba a ser, según los encuestados, la fuente de todos los males. Pero los políticos son inamovibles cuando se trata de la pole position de hacer las cosas mal.

- Si bien no es un número significativo de encuestados (como lo exigiría algún inductivista), me sorprendió la escasa responsabilidad que se le dio a la policía. Comparativamente frente a las otras posiciones es al parecer la institución que mejor funciona.

- No parece que se tenga en cuenta el factor corrupción. Es verdad que la corrupción existe y en gran medida en los 3 ámbitos de la encuesta. No creo sin embargo que alguna de ellas sea menos dañina que otra. Todas por igual son terriblemente perjudiciales para la sociedad. Una policía corrupta es tan peligrosa como un político corrupto o un juez corrupto. Pero bueno, había que elegir 1 opción.

domingo, 15 de agosto de 2010

Rehenes de la inseguridad

No echemos mano a las excarcelaciones


Por Miguel Andrés Fucarile

Tuve la oportunidad de publicar en otro blog una entrada relacionada con este tema de la inseguridad ("Receta para un noticiero exitoso"). Sin embargo, voy a referirme más ahora más puntualmente a la relación entre inseguridad y el régimen de las excarcelaciones.

Antes que eso, un par de videos que ilustran bien el tema de los noticieros y la inseguridad. Aunque no me caen para nada bien Aníbal F. y la Canosa, los recomiendo:





Ahora sí el tema que nos ocupa.

Como respuesta a estos brotes de inseguridad, siempre el proceso penal es el primer lugar donde se buscan las pretendidas soluciones. Y últimamente el régimen de las excarcelaciones fue la "víctima" de estas pasiones.

Bien se sabe en la doctrina penal que el aumento de las penas no es una medida eficaz para combatir el delito. La experiencia misma lo dice. Por otro lado, las cárceles, debido a su funcionamiento, prácticamente se convierten en fábricas de reincidencia. Eso tampoco es novedad.

La misma ineficacia se da, a mi manera de ver, con rever el tema de las excarcelaciones. Ante una seguidilla de delitos se propone en primer término el endurecimiento de los requisitos para permitir la libertad del imputado durante el proceso (como si este derecho constitucionalmente garantizado dependiera de una concesión graciosa del juez). Esto se hace a mi entender como una "respuesta rápida" a este tema y así permitir nada menos que la pena sin juicio.

Lo que sorprende es que ya se ha dicho en doctrina y jurisprudencia varias veces lo que ocurre con estas medidas, y sin embargo, se reciclan como una especie de medidas de emergencia ante la inseguridad. Lo ha dicho nuestra Corte Suprema de Justicia, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la misma Corte Interamericana. La restricción de las excarcelaciones al solo mérito sustantivo del delito es abiertamente inconstitucional. Implica violación a las garantías del debido proceso, principios de inocencia, razonabilidad e igualdad.

Pero sin embargo, volvemos a oír una y otra vez de estas medidas.

Me quedo por mi parte con la opinión de un autor que ya en 1794 enunció tan claramente lo siguiente:

"¿Queréis prevenir los delitos? Haced que las leyes sean claras, sencillas y que toda la fuerza de la nación esté concentrada en su defensa y ninguna parte de aquélla sea empleada para destruirlas. Haced que las leyes favorezcan menos a las clases de hombres que a los hombres mismos. Haced que los hombres las teman y que teman solo a ellas. El temor de las leyes es saludable pero el de hombre a hombre es fatal y engendra abundantes delitos..."

Cesare Beccaria, "De los Delitos y las Penas", año 1794.

lunes, 2 de agosto de 2010

Lo llaman "apremios ilegales"

"nemo tenetur se ipsum accusare"




Por Miguel Andrés Fucarile

Derivada del derecho de defensa en juicio (art. 18, Constitución Nacional; art. 8.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 14.1 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), la máxima nemo tenetur se ipsum accusare prohíbe a toda persona obligar a otra a declarar contra sí mismo. Ya el profesor Maier ("Derecho Procesal Penal, Tomo 1 - Fundamentos") ha dicho bastante sobre el tema, pero vale la pena recalcar algunos puntos:
  • En primer lugar, los llamados "apremios ilegales" (en un caso concreto, la tortura como medio para obtener una confesión) constituye un delito severamente penado por el Código Penal argentino:

Art. 144 tercero.-

1º. Será reprimido con reclusión o prisión de ocho a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público que impusiere a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de tortura. Es indiferente que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario, bastando que éste tenga sobre aquélla poder de hecho.

Igual pena se impondrá a particulares que ejecutaren los hechos descriptos.

2º. si con motivo u ocasión de la tortura resultare la muerte de la víctima, la pena privativa de libertad será de reclusión o prisión perpetua. Si se causare alguna de las lesiones previstas en el artículo 91, la pena privativa de libertad será de reclusión o prisión de diez a veinticinco años.

3º. por tortura se entenderá no solamente los tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos, cuando éstos tengan gravedad suficiente.

A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.
  • Por otro lado, y a lo que al comentario de Macri parece esencial responder, es que la confesión obtenida mediante tortura (o apremios ilegales) conlleva una nulidad absoluta (arts. 167 inc. 3° y 168, 2° parte, Código Procesal Penal de la Nación), por lo que no puede ser valorada en contra del imputado (teoría de la exclusión) ni tampoco las pruebas o demás elementos que se obtengan en consecuencia de dicha confesión (art. 172, CPPN). A ello contrubuyen varios fallos emblemáticos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre ellos, "Montenegro" y "Francomano".
En cuanto al primero de los citados, creo que la opinión del Procurador General es más que clara:

"En mi opinión cabe razón a la recurrente cuando sostiene que la decidido resulta violatorio de la dispuesto en el art. 18 de la Constitución Nacional, en cuanto prescribe que “nadie puede ser obligado a. declarar contra si mismo”, como una manifestación de la inviolabilidad de la defensa en juicio. En efecto, de dicha garantía surge como consecuencia lógica e inevitable que si una persona es obligada a declarar contra sí, tal declaración debe considerarse inexistente y no podrá por lo tanto ser tenida en cuenta ni valorada acerca de la exactitud de los dichos.

La interpretación contraria desvirtúa la garantía de que se trata, pues implica admitir que las declaraciones obtenidas bajo coacción física son válidas y utilizables contra el acusado, aunque más no fuere como indicio, si se las considera veraces. Arribaríamos así a una larvada, pero por ello no menos peligrosa, justificación de la tortura.

Cierto es, que en el presente caso existen otras pruebas contra el acusado además de la declaración impugnada. Ellas son el secuestro en su poder de los efectos robados, la declaración de la damnificada sobre la existencia del hecho y la circunstancia de que una de las alhajas incautadas tuviera grabadas las iniciales del testigo, tal como ésta lo manifestó en su declaración.

Estos importantes elementos de juicio conectan a Montenegro con el ilícito investigado, sin embargo, el tribunal a quo no ha demostrado, a mi juicio, que, sin tener en cuenta la declaración del imputado, pueda probarse en autos que es autor del hecho que se le reprocha.

En tales condiciones, opino’ que debe,-dejarse sin efecto el fallo recurrido y disponerse que, por quien corresponda, se dicte; uno nuevo conforme a derecho." Buenos Aires, 12 de noviembre de 1981. Mario Justo López.
  • Y algo que también es importante: hay que remarcar el "fundamento moral" que prohíbe dichas prácticas tan mencionado en la doctrina. En efecto, el Estado no puede averiguar la verdad a través de medios que él mismo determina como ilegales. No se puede cometer delitos para resolver delitos. La investigación no puede llevarse a cabo a cualquier precio. Nuestro sistema legal opta en primer lugar por el respeto a la dignidad humana, cediendo frente a ella el descubrimiento de la verdad.

En conclusión, una incorrecta investigación conlleva la nulidad. Esto debería resultar en un incentivo a respetar las debidas garantías durante el proceso penal, ya que el costo de no hacerlo es nada menos que la impunidad. Un costo altímiso que debe ser evitado mediante la plena observancia de los derechos de las personas asegurados por la ley, la constitución y los pactos en la investigación de los delitos.

jueves, 25 de febrero de 2010

El papelón de TN



Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (con jerarquía constitucional, art. 75, inc. 22, CN)

Artículo 1

1. En la presente Convención la expresión "discriminación racial" denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.

Artículo 2

1. Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas, y con tal objeto:

a) Cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar por que todas las autoridades públicas e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación;

b) Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apoyar la discriminación racial practicada por cualesquiera personas u organizaciones;
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