Reflexiones Acerca de La Ley Antiterrorista
martes, 31 de enero de 2012
jueves, 22 de diciembre de 2011
Pasó seis años acusado de abusar sexualmente de su hijo y ahora lo absuelven
- 22/12/11 - 12:07
Lo culparon de abusar sexualmente de su hijo. Pasó seis años sin verlo. Estuvo preso por el delito que presuntamente había cometido. Pero ahora un tribunal determinó que se trató de una acusación falsa fundada en la cuestionada labor de las peritos psicólogas y lo absolvió.
El tribunal número dos de Quilmes declaró inocente a Diego Manuel Pascual, quien estaba acusado por el delito de “abuso sexual con sometimiento gravemente ultrajante, agravado por el vínculo”.
Uno de los puntos llamativos del fallo firmado por los jueces Ariel González Eliçabe, Félix Gustavo Roumieu y Pablo Eduardo Pereyra es la singular dureza con la que criticaron el trabajo de las peritos psicólogas que intervinieron en la investigación, quienes tomaron “por cierto un hecho por demás incierto: la existencia del abuso sexual”.
Luciana Muñoz, la ex mujer de Pascual y mamá de Joaquín, lo acusaba de haber abusado del chico en al menos dos oportunidades, cuando el nene tenía entre tres y cuatro años. Según el fallo, la denuncia se originó en el marco de una disputa entre los padres, posterior a la separación, “vinculada con el régimen de visitas y, más aún, con el rol de padre que reclamaba el imputado frente al nuevo esquema familiar del niño, en el que su figura aparecía confundida con la de la nueva pareja” de Muñoz.
Pese a las evidencias, a los relatos diferentes que el niño prestó cuando tenía cinco años y luego, en el proceso del debate, a los 11, y a otras evidencias que llevaban a inferir que los hechos podían haber ocurrido de manera diferente, las peritos que intervinieron en la investigación, las licenciadas en psicología María Elizabeth González Montaner, Gabriela Salusso y Selva Magdalena Moretto, creyeron en la hipótesis de los abusos.
Los jueces cuestionaron la forma en que fue entrevistado el pequeño para construir la acusación. Consideraron que se trató el interrogatorio fue “altamente sugestivo”, con preguntas “dirigidas a sugerirle al niño las respuestas que se consideraban correctas a la luz de una única hipótesis”. Y consideraron que los peritajes terminaron “tergiversando la escasa prueba existente”.
“La cuestionable intervención que han tenido los peritos, determinada principalmente por el sesgo de sus entrevistas, ha alterado la única prueba que hubiese permitido esclarecer los hechos”, resume el fallo, de 55 páginas, al que tuvo acceso la agencia de noticias DyN.
Pascual, quien incluso estuvo preso por la imputación, “contó que hace seis años que no puede proyectar nada” y que “extraña a Joaquín”
Fuente: Clarín.com
martes, 25 de octubre de 2011
Acerca de la imprecisión de las noticias policiales
Por Miguel A. Fucarile
En la edición en línea del diario La Nación, hoy se pudo leer la siguiente nota:

(Click en la imagen para ampliar)
En primer lugar, del titular se deduce claramente que sería el fiscal quien dicta la prisión preventiva, cuando cualquier litigante en el fuero notará que aquello no es así, siendo lo correcto afirmar que el fiscal debe, luego de recolectar elementos suficientes y demostrar (si es que ello es posible) que se configuran los peligros procesales necesarios para la restricción más violenta de la libertad de quien por ley es inocente, interponer una solicitud de prisión preventiva al Juez de Garantías, único autorizado por la ley para dicha medida.-
En el cuerpo de la nota se puede leer lo que parece ser la rectificación del titular, aunque queda vigente una contradicción insalvable. Este y otros "pequeños" detalles en más de un diario se pueden percibir comunmente y como mínimo hacen fruncir el ceño.
Hace unas semanas, en una de las tantas entrevistas al abogado de la madre de Candela Rodríguez, la Sra. Labrador, el letrado deslizó (quizás involuntariamente) que "el fiscal debería con los elementos recabados hasta la fecha DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO Y PRISIÓN PREVENTIVA" a los detenidos. Lejos quiero estar enemistado con el Dr., aunque llamó muchísimo la atención dicho tecnicismo desperfecto.-
Se podría pensar que los periodistas tienen cierta licencia para tales errores, aunque más de uno se arroga por su "especialidad" en notas policiales un conocimiento acabadísimo de los procedimientos penales nacionales y provinciales.-
Esto llama mucho la atención.-
ACTUALIZACIÓN 16/10/2011.-
Relacionado con la entrada de ayer, hoy en el noticiero de Canal 9 un titular decía: "Liberan a un violador por $600.-". En el desarrollo de la nota, se afirmó que se le concedió la excarcelación (es decir, no hay sentencia condenatoria y entonces no es un violador) a un imputado por abuso sexual simple (no es violación la correcta imputación).
miércoles, 31 de agosto de 2011
Confesión bajo tortura: preso por 19 años e intervención de la CIDH
En un duro revés para el Poder Judicial santafesino, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) había ordenado revisar la condena a prisión perpetua impuesta a un albañil a partir de una confesión ante la policía que el propio hombre denunció haber firmado bajo tormentos. Luego de analizar el caso durante más de una década, el organismo internacional concluyó que en el trámite judicial de la provincia se violentaron garantías, no se permitió al imputado apelar la sentencia y no se investigaron los apremios referidos por el acusado, que estuvo 19 años preso por un homicidio que asegura no cometió.
En el veredicto, favorable al detenido, la Cidh recomendó al Estado argentino que adoptara una serie de medidas a fin de reparar el daño y evitar que se repita. En ese marco, ayer el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia firmó un preconvenio con la Cancillería argentina para acatar esas recomendaciones y evitar así una condena al Estado nacional por el incumplimiento de los pactos internacionales que resguardan los derechos humanos y que fueron incorporados a la Constitución en 1994. Quien participó del acuerdo fue Rubén Luis Godoy, el albañil condenado. Lo hizo en compañía de su defensora oficial, Marcela de Luca.
Obligaciones. Como primera acción, la organización con sede en Washington sugirió que se realice una revisión amplia de la sanción penal impuesta a Godoy. El trabajador, hoy de 49 años, fue sentenciado en 1994 en un juicio oral que, por ser de instancia única, no permitía la apelación. Tres jueces de la Sala II de la Cámara Penal rosarina le dieron prisión perpetua por el intento de violación y homicidio calificado de una chica de 19 años. Nadie revisó el caso y los defensores de Godoy siempre plantearon que fue condenado sin más elementos que una confesión obtenida bajo torturas.
La segunda recomendación de la Cidh fue que se abra una investigación "imparcial y a la brevedad" de los apremios ilegales detallados por Godoy. Este requerimiento comenzó a cumplirse con la orden del fiscal Nº8, Enrique Paz, de sacar del archivo la denuncia de la golpiza. Tras ello, el juez de Instrucción Nº3 Luis María Caterina dispuso el secuestro del libro de guardia de la sección Seguridad Personal donde, según Godoy, fue torturado por seis policías.
El tercer pedido era que se realizaran cambios legislativos para que todos los ciudadanos tengan derecho a apelar los fallos ante un Tribunal superior. Eso está saldado con la reciente reforma del Código Procesal Penal en la provincia. Por último, la entidad que depende de la Organización de Estados Americanos solicitó que se le otorgue al preso una reparación económica. En ese sentido, por el acuerdo alcanzado ayer Godoy recibirá 40 mil pesos por los daños provocados al no tener la posibilidad de que se permita la revisión de la condena impuesta.
Uno de los funcionarios que rubricó el acuerdo, que ahora debe ser homologado por la Cidh, fue el ministro de Justicia de Santa Fe, Héctor Superti. "La denuncia por el caso Godoy ante la Cidh fue consecuencia del sistema de enjuiciamiento (escrito) que tenía la provincia. El principal problema es que al ser condenado se le denegó un derecho previsto en el Pacto de San José de Costa Rica, que es la posibilidad que debe tener todo condenado de que la sentencia sea revisada por un tribunal superior. Los defensores (del albañil) apelaron el fallo en el marco del nuevo Código Procesal Penal y ahora estamos esperando que la Justicia, aunque tardíamente, abra la instancia de apelación", explicó el ministro.
Asimismo, Superti remarcó que el preacuerdo adquiere relevancia porque "a nivel internacional se exige es que estos casos no vuelvan a repetirse. Entonces nos comprometimos a llevar adelante la reforma procesal penal porque el sistema inquisitorio que reinaba en la provincia no se ajustaba al Pacto de San José de Costa Rica".
El hecho. El caso por el que fue condenado Godoy ocurrió la madrugada del 10 de febrero de 1992 en Villa Gobernador Gálvez. La víctima fue Silvia Noemí Roldán, una chica de 19 años que volvía a su casa cuando fue abordada por un hombre frente a una vivienda de Almafuerte al 2800. El agresor intentó violarla y la golpeó con una piedra en la cabeza provocándole la muerte. Ocho días después del crimen, Godoy fue detenido y lo único decisivo en su contra fue su confesión por escrito ante la policía, la misma noche de su arresto y sin la presencia de un abogado.
Al día siguiente, en Tribunales, volvió a admitir su participación ante un juez. Pero cuando supo que ese mismo día sería trasladado a otro penal pidió volver a declarar. Entonces negó todo y dijo que se había incriminado bajo tormentos. Finalmente, en 1994 fue condenado en un juicio oral, una modalidad por entonces excepcional y optativa y cuyo dictamen era inapelable. Los entonces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones, Carlos Serrano Brignardello, Patricio Lara y Ramón Ríos lo condenaron a prisión perpetua y a pagar 90 mil pesos de indemnización a los familiares de la víctima.
Su descargo fue desoído. "Me comí una paliza tremenda. La policía me fue a buscar a mi trabajo. Me dijeron que tenían testigos que me habían visto en un homicidio. Me llevaron a Seguridad Personal y me golpearon. Me tuvieron colgado, esposado. Me tapaban la cabeza con una bolsa y me metían en el agua. Después me pusieron una lapicera en la mano y me dijeron «firmá»", contó Godoy.
La escena del crimen fue observada por una vecina que vio al atacante de perfil y a la distancia. La mujer colaboró para elaborar un fotofit del asesino. Por los rasgos del dibujo, un policía de la zona lo identificó como Godoy, quien vivía a pocas cuadras del lugar. Tras ser detenido, no se encontró elemento alguno que lo ligara al caso: no había rastros de él, la sangre hallada en el lugar no se correspondía con la suya y la testigo no lo reconoció en rueda de personas.
El deseo de volver a ser lo que fue
El 22 de julio pasado Rubén Godoy dejó atrás las celdas de la cárcel de Coronda luego de que el juez de Ejecución Penal Nº 1, Julio César Arri, le concediera la libertad condicional. Para otorgarle ese beneficio, el magistrado valoró su comportamiento “ejemplar” en el presidio. También tuvo en cuenta que ya había cumplido los dos tercios de la condena a 25 años que le habían impuesto.
Ayer a la tarde el albañil lucía tan sorprendido como feliz mientras recorría con su sobrina los largos pasillos de la delegación del gobierno provincial en Rosario. Vestido con un jean, una campera y una remera con el escudo de Newell’s, expresó su deseo de volver a trabajar en su oficio. Para lograr ese cometido, la Dirección de Control y Asistencia Pospenitenciaria le ofreció la posibilidad de incorporarse al programa de micro emprendimientos.
Luego de rubricar el acuerdo con Cancillería y el gobierno santafesino, Godoy dijo: “Estoy contento con lo que me está pasando. Lo esperaba desde hacía tiempo. En la cárcel la pasé bien. Siempre tuve la ilusión de salir porque era inocente”.También contó que su vida en prisión transcurrió sin sobresaltos y que en 2006, cuando aún estaba en el penal, pudo casarse. Aunque se separó cinco años más tarde.
El albañil recordó cuando fue apresado en su trabajo, una contratista de Telecom. “Cuando me detuvieron estaba confundido porque no sabía de qué me acusaban y no entendía nada. El primer día (del arresto) me llevaron a Seguridad Personal y me golpearon cinco efectivos y una mujer policia”, recordó. El tiempo que estuvo intramuros transcurrió en la alcaidía de la ex Jefatura, en la cárcel de Rosario y en el presidio de Coronda, donde permaneció los últimos quince años.
Tras recuperar la libertad, Godoy volvió al barrio de Villa Gobernador Gálvez donde vivió hasta su detención. Allí sus vecinos lo recibieron muy bien. “Me felicitaron por haber salido porque estaban convencidos de que yo era inocente”, dijo.
Fuente: Notiexpress / La Capital
martes, 1 de febrero de 2011
De 16 a 14, ¿hace la diferencia?
(fuente: lanacion.com)Creo que para un buen comienzo es correcto explicar un poco qué dice la ley 22.278, regulatoria del "Régimen Penal de la Minoridad".
En lo que respecta a la edad en que las personas se vuelven penalmente responsables (punto que actualmente parece preocupar a todos), la ley permite inferir 3 categorías:
1°) Menores de 16 años de edad (es decir, hasta los 15 años inclusive) - penalmente inimputables. ¿Qué quiere decir ésto? La ley presume, sin admitir prueba en contrario (presunción de iure) que estas personas poseen una determinada circunstancia que impide la aplicación de una pena. ¿Pero por qué?
Sin desviarme demasiado, para que una conducta implique un delito (y por lo tanto sea punible) no sólo se requiere que tal acción esté expresamente contenida en la ley (por ej.: matar - delito de homicidio - art. 79 Cód. Penal), sino que además no se encuentre justificada (v.gr.: legítima defensa - art. 34 Cód. Penal) y que el individuo sea consciente de haber realizado una acción prohibida (saber que lo que hizo es un delito). Esto se justifica ya que nadie puede ser penado por una acción cuya prohibición no se pudo conocer, específicamente, por una falta de capacidad (de culpabilidad). La aplicación de una pena deviene de haber elegido realizar una acción prohibida. El que no pudo elegir, no puede ser castigado (ya que no pudo obrar distinto de como lo hizo).
Resumiendo, la ley entiende que los menores de cierta edad no están en condiciones de comprender (o de motivarse por) normas de carácter penal. La falta de comprensión no reace sobre la acción, sino sobre las consecuencias jurídico-penales de la misma.
2°) Mayores de edad (18 años inclusive) - Es el extremo opuesto. Aquí nos encontramos ante personas plenamente responsables por sus acciones. No hay discusión sobre ésto.
3°) Menores de 16 y 17 años de edad - Parcialmente imputables. Aquí hay que hacer una distinción. Estos menores son imputables (es decir, les corresponde pena) por los delitos que cometan, salvo para:
a) Delitos de acción privada (definidos taxativamente en el art. 73 Cód. Penal);
b) Delitos que impliquen la imposición de una pena menor ó igual a 2 años de privación de libertal, multa ó inhabilitación.
Hasta aquí el régimen legal respecto a la edad de inimputabilidad. Sin embargo, es menester resaltar lo que yo considero el mayor problema de esta ley penal juvenil. Es el problema del procedimiento.
La crítica es la siguiene: lo que la ley parece otorgar por un lado, lo retira con creces por el otro. Con el eufemismo de proteger a los menores (excusa dada al declararlos inimputables), el juez penal tiene facultades casi absolutas sobre ellos y sin importar su edad. Es decir, aunque sean plenamente inimputables (13, 14, 15 años por ejemplo), medidas como las que siguen pueden dictarse de acuerdo al texto legal. Veamos.
En primer lugar, la circunstancia de que un menor se encuentre imputado de un delito permite al juez, desde el primer momento de la investigación, disponer provisionalmente de él. Traducción: simplemente "separarlo" de donde se encuentra, quitándolo de la custodia de su familia si es necesario, y alojarlo ya sea en un "instituto" ó simplemente detenerlo preventivamente. Se entiende en estos casos que el imputado estará "a disposición" del juez hasta que cumpla la mayoría de edad.
Paréntesis aparte merece el tema de los institutos. No voy a hacer ahora una crítica sobre este tema in extenso porque aquello requeriría un trabajo completo e independiente. Basta afirmar que estos pretendidos centros de alojamiento (repito, bajo el eufemismo de la protección del menor) son verdaderas cárceles con todas sus implicaciones. No sólo esto, sino que además, y curiosamente también con el argumento de su protección, los menores ajoados poseen menos derechos que los adultos en su misma situación de detención. No son aplicables las reglas pertinentes a la excarcelación (art. 315 Cód. Proc. Penal de la Nación), y la única reglamentación vigente es la ley penal juvenil. Ergo, el juez decide sin el más mínimo control sobre el menor. En la realidad las resoluciones judiciales a ese respecto ni siquiera cumplen con el requisito fundamental de la motivación de las resoluciones judiciales, regla jurídica clara contraria a la arbitrariedad.
En ciertos casos el juez podrá incluso disponer definitivamente del menor, pudiendo ordenar su traslado sin casi ningún impedimento (tales decisiones sí requerirán una exhaustiva motivación, debido a su extrema gravedad -como si de otra forma no lo requiriese-).
Por último en cuanto a la ley 22.278, para aplicar efectivamente una pena a un menor de edad se requiere:
- Que se haya declarado su responsabilidad penal por sentencia condenatoria firme. Rigen al respecto todos derechos y garantías legales y constitucionales de cualquier persona acusada de un deltio. Si no puede arribarse a la certeza sobre la culpabilidad, se impone la absolución.
- Que el condenado haya cumplido 18 años de edad (de otra forma, se lo aloja en uno de los "institutos" arriba reseñados").
- Que se haya sometido al imputado a un "tratamiento tutelar" no inferior a un año. Acerca de estos "tratamientos", se puede decir a grandes rasgos que distan cabalmente de su propósito, y básicamente se orientan a tratar de acreditar vanalmente la potencial peligrosidad del imputado (y así probar una suerte de determinismo causal de
Como resultado de ese tratamiento, y una vez cumplidos los demás requisitos, el juez puede optar por:
1) Aplicar la condena;
2) Aplicar la condena pero ajustándola al régimen de un delito tentado (es decir, reduciendo la escala penal de 1/3 a la mitad) ; ó
3) Absolverlo (aquí obviamente no es necesario esperar lapso alguno).
(fuente: clarin.com)¿Realmente esta pregunta puede contestarse afirmativamente tal como lo hacen 10.823 personas? ¿Una política criminal puede basarse en borrar un 6 y poner un 4 en la ley donde se establece el límite para la imputabilidad?
A mi manera de ver, ESTO DE NINGUNA MANERA HACE LA DIFERENCIA. Se podrá afirmar que éste es un cambio que debe acompañarse de otros. A este comentario digo que cambios deben hacerse, pero en otros factores infinitamente más sensibles como los que acabo de describir.
La pretendida modificación a la edad de imputabilidad responde, como ya es costumbre en las leyes penales, a sorpresivos "ataques de delincuencia". Pasó con los secuestros, pasó con las "salideras", pasó con los "desarmaderos" y pasará otra vez. Ya lo dijo Beccaría:
Las pasiones no permiten sancionar buenas leyes. La experiencia lo demuestra. Y también demuestra algo que ya cansa de tanto afirmar: más presos no implica mayor justicia (aunque el olvido siempre se impone).
"... las leyes, que son o debieran ser pactos entre hombres libres, no han sido generalmente más que el instrumento de las pasiones de unos pocos, o han nacido de la fortuita y pasajera necesidad; no han sido dictadas por un frío observador de la naturaleza humana..."
El cambio, el verdadero cambio, pasa por sancionar un régimen procesal acusatorio, respetuoso de las garantías constitucionales y especialmente protector de los menores. Y no con eufemismos como los actuales, sino que permitan una verdadera ayuda.
Ahora bien, el que quiera discutir el fundamento de la condena a un menor debe inevitablemente sumergirse en las aguas de la filosofía del derecho. Los que afirmen que la condena a un menor es justa por sí misma, que tome su postura en el eterno interrogante del fundamento de la pena. Y los que elijan la retribución (que son muchos), que sean conscientes de su elección (sobre todo de las miserias que conllevan).
Nadie justifica tragedias como las que ejemplifico con este reciente y trágico hecho. Por favor, que se entienda. Simplemente reitero lo que dije en otra oportunidad: el delito es la punta del iceberg. Es el reflejo de una sociedad en crisis. Pobreza, ignorancia, desocupación, desdén. Todas ellas y más son sus causas. Podemos poner parches a una enfermedad o podemos tratarla. Podemos construir cárceles sin fin o procurar combatir la raíz del delito.
Pero no podemos, como hacen algunos, pedir justicia a la víctima.
"... el fin de las penas no es atormentar y afligir a un ser sensible, ni deshacer un delito ya cometido (...) El fin, pues, no es otro que impedir al reo hacer nuevos daños a sus conciudadanos y apartar a los demás de cometer otros iguales. Deben, por tanto, ser elegidas aquellas penas y aquel método de inflingirlas que, gardada la proporción, produzcan la impresión más eficaz y más duradera sobre los ánimos de los hombres, y la menos atormentadora sobre el cuerpo del reo."
martes, 11 de enero de 2011
Reseña del libro: "Las miserias del proceso penal" (1° parte)

"Todos nosotros tenemos un poco de ilusión de que los delicuentes son los que perturban la paz y de que la perturbación puede eliminarse separándolos de los otros; así el mundo se divide en dos sectores: el de los civiles y el de los inciviles; una especie de solución quirúrgica del problema de la civilidad."
Sobre el preso, el autor considera que es el más pobre de todos los hombres: más que el hambriento, que el sediento, el enfermo o el vagabundo. Ellos tienen necesidades del cuerpo, pero el preso tiene una carencia del espíritu (no en el sentido literal de enfermedad, por supuesto), que puede brindarse a través de la compasión. En relación al preso, señala que no puede divirse al hombre en "buenos" y "malos".
"Los sabios, que continúan considerando la pena, según una fórmula famosa, como un mal que se hace sufrir al delincuente por el mal que él ha hecho sufrir, ignoran u olvidan que (...) no es con el mal con lo que se puede vencer al mal"
Al hablar del juez, se ve claramente una de las grandes "miserias" del proceso. Se parte de la premisa, indiscutible, de la parcialidad del hombre. Todos somos partes. El juez, en cambio, tiene un rol de imparcialidad. Y así debe ser, ya que de otra forma no puede hablarse de un juicio justo. Pero he aquí una gran encrucijada: se requiere que el juez sea "súper-partes" (estar más allá de ellas), es decir, ser un "súper-hombre". Algo que es imposible. El concepto de tribunal colegiado tiene la función de ofrecer un (pequeño) intento de solución a este problema, ya que la parcialidad de uno puede no ser la de otros.
"La justicia humana no puede ser más que una justicia parcial; su humanidad no puede dejar de resolverse en su parcialidad. Todo lo que se puede hacer es tratar de disminuir esta parcialidad."
"El defensor, pues, es y debe ser un razonador de pie forzado, esto es, un razonador parcial; un razonador que trae el agua a su molino."
Paralelamente, el autor demuestra otra gran miseria del proceso penal. Y ésta es el problema de la verdad. El juicio tiene, desde el principio, una pretensión imposible: averiguar la verdad de lo ocurrido. Lo valioso de la explicación de Carnelutti radica en su simpleza. No hay otra forma de comprobar la inocencia o la culpabilidad sino a través de la "historia". El proceso hace historia pero de un hecho determinado.
"... la razón se descompeone en las razones como la luz se descompene en los colores y el silencio en los sonidos. Del mismo modo que no opdemos afrontar toda la luz ni gozar todo el silencio,así tampoco podemos apoderarnos de toda la razón. Las razones son aquella fracción de verdad que a cada uno de nosotros nos parece haber alcanzado. Cuantas más razones se expongan tanto más será posible que, juntándolas, uno se aproxime a la verdad."
En una posible segunda parte, se habla más bien de los problemas del proceso penal. Son las miserias de las que el autor hace referencia. La primera de ellas proviene de las pruebas. Es a través de ellas por cuanto el proceso hace historia. Pero su producción implica sujeción a éste. El problema radica en establecer las pruebas respetando a la persona del imputado (y también a la persona del testigo, que al considerarse un medio más se lo deshumaniza).
"Desgraciadamente, la justicia humana está hecha de tal manera que no solamente se hace sufrir a los hombres porque son culpables sino también para sabier si son culpables o inocentes. Esta es, desgraciadamente, una necesidad, a la cual el proceso no se puede sustraer ni siquiera si su mecanismo fuese humanamente perfecto."
Otra gran miseria del proceso se da en la relación del juez con el imputado, ya que el primero debe, de acuerdo con la ley, reconstruir la historia del hecho. Pero para el autor esta reconstrucción no basta. También hay que conocer la historia del imputado. El delito es una porción mínima de la historia de la persona. Y no puede juzgarse ese hecho aisladamente. Aunque esto es también imposible. No existen los medios ni el juez dedica el tiempo suficiente a este intento de conocer. Además, la historia de un hombre está compuesta también por su futuro, el cual no se puede predecir (y muchísimo menos se puede invocar en contra del imputado).
"El juicio, para ser justo, debería tener en cuenta no solamente el mal, que uno ha hecho, sino también el bien que hará; no solamente su capacidad para delinquir, sino también su capacidad para redimirse. Pero a fin de que este juicio, que para ser justo dee ser entero, pueda realizarse, debería hacerse después que el hombre ha terminado su vida. No se pueden obtener las sumas de un balance, diría un hombre de negocios, más que al fin del ejercicio."
Continuará...
martes, 7 de diciembre de 2010
Recomendación: El Rati Horror Show
"Desgraciada la generación cuyos jueces merezcan ser juzgados..."
(Tato Bores)
- El papel de las fuerzas de seguridad: el trinomio inseguridad - gatillo fácil - sustracción de pruebas es de una entidad tal que cuestiona toda la institución policial. No es novedosa la crítica defensiva respecto de los primeros momentos de la instrucción, en donde la policía tiene el exclusivo control de las pruebas. Cada vez son mayores las denuncias en contra de las fuerzas que en teoría tiene el deber de proteger a los ciudadanos.
- Aunque aparezca secundario en el film, el rol de los medios de comunicación. Es patante hasta dónde puede llegar la deformación en la pretensión de dar a conocer noticias "objetivamente" a los televidentes. La publicidad de estos hechos se hace en forma parcial (en sus dos sentidos: incompleta y mal intencionada), en parte motivado por la imperiosa y constante necesidad de ser el primer medio el cual brinda cobertura al hecho en cuestión.
Como un dato curioso, se muestra en la película una serie de reconstrucciones virutales que resultarían muy útiles a la hora de litigar.
En fin, recomiendo ampliamente ver esta película. Aquí un trailer:
domingo, 2 de mayo de 2010
Sobre el principio de inocencia (2° parte)
Pude encontrar este fragmento de la película "12 angry men" a la que hice referencia en este post.
En los pocos segundos en los que la jueza le explica al jurado su responsabilidad se aprecia en forma patente el impacto real del principio de inocencia: ante la existencia de una duda razonable en el caso concreto, se impone la absolución (in dubio pro reo).
miércoles, 24 de marzo de 2010
martes, 23 de marzo de 2010
Sobre el principio de inocencia
"12 hombres en pugna" (12 angry men) es una obra de teatro que cuenta la historia de un jurado de 12 personas que tiene el deber de expedirse acerca de la culpabilidad o inocencia de un acusado de homicidio, bajo ciertas condiciones: primero, no pueden abandonar el salón de deliberación (lo cual hacía que ni siquiera se discutiera el caso con tal de irse de allí), y segundo, la decisión debe ser unánime.
Se han hecho adaptaciones al cine y se han hecho presentaciones teatrales en muchos paises.
Esta es una obra de teatro clásica que toca en profundidad varios temas de gran interés para el derecho penal. Entre ellos se encuentran principalmente los principios de inocencia e in dubio pro reo (principal derivado del anterior), juicio por jurados y su régimen (íntima convicción, no requeriendo dar un voto motivado en las pruebas del proceso) y también los demás elementos que influyen en un fallo y que no tienen que ver con la actividad probatoria (primeras impresiones, "corazonadas", sentimiento de rechazo, etc).
Recomiendo ver la película (y si fuera posible, ir a ver la obra).
jueves, 25 de febrero de 2010
El papelón de TN
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (con jerarquía constitucional, art. 75, inc. 22, CN)
Artículo 1
1. En la presente Convención la expresión "discriminación racial" denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.
Artículo 2
1. Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas, y con tal objeto:
a) Cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar por que todas las autoridades públicas e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación;
b) Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apoyar la discriminación racial practicada por cualesquiera personas u organizaciones;