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jueves, 31 de enero de 2013

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"La cuestión criminal", de Eugenio Raúl Zaffaroni.


Por Miguel Andrés Fucarile

Esta nueva obra del Dr. Zaffaroni es una compilación de diferentes columnas publicadas en el diario Página 12, tendientes a acercar al público en general al concepto y contenido de las teorías criminológicas del presente y a lo largo de la historia, desde muchísimos años antes al nacimiento de la prisión como forma de control social.

En una primera parte de la obra, el autor resalta la diferencia entre la Criminología y el Derecho Penal (siendo esta última una mera expresión de la primera), y cómo erróneamente se identifica a los penalistas como los analistas del origen, fundamento, y función de la pena estatal como la forma más burda y violenta de control de las masas (principalmente como resultado de nuestras actuales universidades).

Adentrados los primeros capítulos, se realiza un análisis de las diferentes corrientes criminológicas desde la aparición del malleus maleficarum ("El martillo de las brujas"), compendio destinado a detallar los métodos de tortura típicos del proceso penal de la inquisición, pasando por el positivismo del S. XIX, teorías sociológicas y teorías críticas, entre otras. Todas, al menos en el intento, siendo explicadas lo más claramente posible.

Más adelante (y personalmente lo más interesante), el Dr. Zaffaroni realiza una crítica acerca de la función de los medios de comunicación. Sin entrar en mayores detalles, resalta como refuerzan la situación de víctima de los damnificados, explotando su dolor como herramienta mediática, reafirmando su rol y postergando su recuperación psicológica. Asimismo, crea un "ellos" maligno, el cual debe ser segregado sin más, incitando la vindicta. Sin perjuicio del tan polémico concepto de "inseguridad" como otro presunto derecho protegible aún antes de otros bienes jurídicos que sí son reales (vida, propiedad, libertad, integridad sexual, etc.).

Por último, se propone una nueva Criminología: se trata de la Criminología cautelar, la cual debe servir de herramienta que prevenga las masacres ocasionadas por la ruptura de las barreras contenedoras de la violencia del sistema penal. Esta ruptura es muchas veces ocasionada por la formación de chivos expiatorios (a lo largo del tiempo identificados con jóvenes de clase baja, negros, gitanos, judíos, homosexuales, etc.), que lentamente se los culpa de todos los males de la sociedad, a cuyo único remedio resulta, a fin de cuentas, su exterminio.

En resumen, una excelente obra para cualquier persona que quiera acercarse a las explicaciones que se esbozaron a lo largo de la historia, al por qué el delito, la pena, y el sistema penal mismo.

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miércoles, 7 de septiembre de 2011

Extienden el plazo de prescripción para los delitos sexuales contra menores


El Congreso convirtió en ley el proyecto impulsado por el diseñador Roberto Piazza. La iniciativa establece que cuando la víctima sea menor de 18 años, la prescripción de la acción penal contará a partir del momento que cumpla la mayoría de edad.

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Los diputados convirtieron en ley hoy en la sesión especial pedida por el oficialismo para esta tarde, el proyecto por el cual se extienden plazos de prescripción de los delitos sexuales contra menores, impulsado por la Fundación Roberto Piazza, que preside el famoso diseñador de modas del mismo nombre que fue víctima en su infancia de ese tipo de abusos.

La iniciativa, aprobada entre una serie de proyectos sin debate y en forma acelerada, establece que los años para la prescripción de los delitos contra la integridad sexual de los menores se comienzan a contar a partir de que la víctima cumpla los 18 años de edad, lo cual implica la extensión en los hechos de los plazos para reprimir ese tipo de delitos.

La norma aprobada hoy busca ampliar los plazos de prescripción para permitir que las víctimas de abusos puedan, cuando las condiciones estén dadas, efectuar las denuncias correspondientes y que delito todavía pueda ser punible.

Hasta ahora, el Código Penal marca que el plazo para la denuncia de un hecho contra la integridad sexual de un menor comienza a correr a la medianoche de ocurrido el abuso, incluso cuando el abusador sea el padre o un adulto que tenga a su cargo al niño o niña.

En ese tipo de casos, el abusador por el poder que ejerce sobre su victima puede impedir que el caso se denuncie a tiempo, por lo cual tiene posibilidades de que quede prescripto.

Fuente: La Razón

domingo, 22 de noviembre de 2009

Daniel Pastor nos habla del Neopunitivismo



Aquí un fragmento del interesantísimo trabajo "La deriva neopunitivista de organismos y activistas como causa del desprestigio actual de los derechos humanos", que espero que no me traiga consecuencias jurídicas desfavorables.

1. El neopunitivismo

Quien se detenga a analizar la situación actual del poder penal como práctica que pretende contribuir a poner orden en la vida social, tocándole intervenir de la forma más enérgica frente a los casos que se suponen más graves, comprobará inmediatamente que vivimos un tiempo en el cual el derecho punitivo ha sido elevado a la categoría de octava maravilla del mundo.
En efecto, de la irresponsable fantasía abolicionista que surgió hace algunas décadas hemos pasado, sin prestar atención al sensato llamado del derecho penal mínimo como si éste hubiera sido en verdad el canto de sirena, a una desbordante explosión de nuevas figuras penales y a una lluvia de interpretaciones judiciales que extienden el ámbito de la responsabilidad penal más allá de lo razonable en el caso de tipos abiertos (característico: el delito imprudente, pero también los delitos dolosos de funcionarios). Hemos alcanzado el relajamiento de todos los límites y de todos los controles jurídicos en favor de la persecución y el castigo de los crímenes considerados más graves (derechos humanos, corrupción, terrorismo, drogas) y a una euforia de "lo penal" como "sanalotodo" social que no tiene precedentes (1).
Si uno reconoce el acierto de la sugerente descripción de Zaffaroni acerca de las fases cíclicas del derecho penal, según la cual éste deambula entre períodos liberales y autoritarios (2), la actual situación del sistema punitivo se deja clasificar bajo la noción de neopunitivismo, entendido ello como corriente político-criminal que se caracteriza por la renovada creencia mesiánica de que el poder punitivo puede y debe llegar a todos los rincones de la vida social, hasta el punto de confundir por completo, como se verá más abajo, la protección civil y el amparo constitucional con el derecho penal mismo.
El neopunitivismo, que se manifiesta en la llamada expansión penal, es la cuestión central de las reflexiones político-criminales de los últimos años (3), motivo por el cual corresponde asumir que el derecho penal actual (o "moderno" como suele denominárselo) constituye un nuevo derecho penal, contrailustrado, cuyas características deben ser estudiadas bajo la designación de neopunitivismo, en tanto que el rasgo distintivo de este estilo de derecho penal, que engloba todos sus componentes, es su marcada deshumanización y un recrudecimiento sancionador creciente (4). El saber jurídico penal se halla, por tanto, frente al reto de afrontar "una legislación y una aplicación judicial del Derecho que tienden al intervencionismo y a la restricción de no pocas de las garantías político-criminales clásicas" (5). Según Díez Ripollés, el Estado social de derecho ha contribuido a la proliferación normativa por medio de reglamentos y normas que desbordan el ámbito y la racionalidad de la ley pero que brindan mejores prestaciones para una sociedad intervencionista (6). Se habría pasado así de un "derecho penal liberal", interpretado desde una política criminal orientada al aseguramiento de los derechos individuales del acusado, a un "derecho penal liberado" de tales límites y controles que se orienta al combate de la criminalidad como cruzada contra el mal (7). En esto, el papel que representan la "opinión pública" como gestionadora de políticas criminales y los mass media, por sí mismos, en amplificación de las demandas de aquélla o de otros intereses, es determinante: "una opinión pública favorable es capaz de desencadenar por sí sola respuestas legislativas penales" (8).
Si simplificamos drásticamente el análisis veremos que esta situación responde al acrecentamiento desmesurado e incontenible del número de las conductas calificadas como delictivas por la ley (fenómeno denominado corrientemente como "inflación de las leyes" (9), "inflación penal" (10), "expansión penal" (11), "conformación paquidérmica" de las incriminaciones punitivas (12) o "hipertrofia del derecho penal" (13)) que se funda en la consideración simbólica del derecho penal como remedio exclusivo para todos los males sociales ("panpenalismo" (14)).
Se ha dicho al respecto que "si observamos el curso de nuestra legislación penal a partir de la pasada década, tendremos la sensación de que se ha operado un grave desorden que va en serio aumento, y, sin duda, vista en panorámica general -esto es, sin desmedro de reconocer aciertos aislados- se proyecta en una notoria pérdida de calidad y nivel técnico. Las urgencias políticas inmediatas, y frecuentemente mal entendidas, han reemplazado al estudio detenido y al debate fructífero. La dispersión legislativa nunca fue tan evidente y las marchas y contramarchas, obedientes a consignas circunstanciales, han llevado a nuestros legisladores a una situación que puede tornarse caótica" (15).
Igualmente provienen del neopunitivismo manifestaciones restrictivas de los derechos fundamentales en el ámbito del enjuiciamiento (16). Aquí se produce, como consecuencia del fenómeno disfuncional señalado, una afectación de los fundamentos axiológicos de la jurisdicción penal, en general justificada únicamente en simples criterios de eficiencia y lucha contra el crimen (17). Así pues, bajo la invocación de lograr eficacia en la persecución y el castigo de los delitos y ante la enorme cantidad de procesos que inevitablemente genera el neopunitivismo con su política criminal inflacionaria, se ha recurrido a instrumentos inconstitucionales que derogan los valores que insoslayablemente deben ser respetados por el sistema penal de un Estado constitucional de derecho.
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