martes, 2 de febrero de 2010

La autonomía del querellante y su compatibilidad con el juicio abreviado en la legislación actual



Interesantísimo trabajo especial de Carolina E. Cardoso para este blog.



Es muy difícil establecer el rol del querellante en la actualidad y establecer su compatibilidad con una de las instituciones en más auge de la práctica actual, el juicio abreviado. Si bien a partir del precedente jurisprudencial “Santillan” parece la Corte Suprema de Justicia de la Nación otorgar el carácter de autónoma a la actuación del querellante en el proceso, se plantea una confrontación con nuestra legislación que lo consagra como adhesivo, de hecho si bien en el precedente mencionado la CSJN solo le otorga dicha autonomía en el momento procesal del art 393 Código Procesal Penal de la Nación estableciendo la posibilidad de condenar a un imputado solo con el pedido de pena de la querella aunque el fiscal pida la absolución, la doctrina mayoritaria trasladó esta posibilidad al momento del art 346CPPN y al posteriormente momento procesal del art.180CPPN, luego revieron su decisión con respecto a este último momento por circunstancias que hacen a la búsqueda de un sistema mas acusatorio y a la idea de terminar con una instrucción a cargo de un juez inquisidor, propiciando la idea de la investigación preliminar delegada en el fiscal .

¿Pero que pasa con el momento del art. 346CPPN?, primero debemos tener en cuenta que es uno de los momentos que establece el CPPN para plantear el juicio abreviado.

Ahora supongamos dos situaciones fácticas diferentes, en la primera de ellas el fiscal pacta con el imputado y su defensor la realización del proceso por el capitulo IV del CPPN, en este caso como expresamente lo establece el art. 431bis CPPN la opinión del querellante no es vinculante. En el segundo supuesto el fiscal pide el sobreseimiento del imputado, sin embargo la querella considera que existe merito suficiente para elevar la causa a juicio. A partir del leading case “Quiroga” en el cual se declaró la inconstitucionalidad del procedimiento de consulta con respecto al primer supuesto que plantea el art. 348 del CPPN, supuesto en el cual no hay querella y el fiscal pide el sobreseimiento ya que el juez estaría actuando de oficio violando los preceptos constitucionales ne procedat iudex ex oficio y ne procedat iudex sine actore y afectando lo que la mayoría de la CSJN, salvo excepciones no percibió al analizar este precedente jurisprudencial que es la afectación a la garantía de imparcialidad. Retomando el tema central de estas líneas la corte no se expidió sobre el segundo supuesto que plantea el art. 348CPPN en que exista un parte querellante, la solución doctrinaria mayoritaria recurre al acuerdo de fiscales establecido por el derogado código Obarrio como forma de solución dando traslado al fiscal de cámara para que considere si es que corresponde elevar la causa a juicio o sobreseer. Sin embargo, a partir de la concepción como autónoma de la figura del querellante en virtud del ya mencionado leading case “Santillan” en caso de que el fiscal de cámara también considere que hay que sobreseer podría a partir del otorgamiento de esta autonomía igualmente ir a juicio solo, como se vio reflejado en algunos precedentes jurisprudenciales, las dificultades se incrementan si introducimos la figura del juicio abreviado entendido este como supresión del debate oral y público.

Quedo establecido anteriormente que conforme surge expresamente de la legislación actual el querellante sin el fiscal no podría realizar el juicio abreviado, en este punto resulta sumamente complicado compatibilizar la autonomía del querellante con los derechos del imputado a la luz del instituto del juicio abreviado. Supongamos dos personas a la que se les imputa idéntico hecho delictivo, en una caso el proceso se realiza por abreviado, en el otro el fiscal en representación del estado quien tiene el monopolio persecutorio pide el sobreseimiento sin embargo, la querella considera que existe merito suficiente para elevar la causa a juicio. Según la interpretación doctrinaria actual en este último supuesto se iría a la etapa de juicio sin posibilidad de abreviar el proceso ya que la querella no esta contemplada como una de las partes que pueda acordar el juicio abreviado, a partir de esta reflexión me surgen los siguientes cuestionamientos: ¿esta interpretación no afectaría el principio constitucional de igualdad?, ¿de existir como promulga cierta doctrina un derecho al juicio abreviado este estaría coartado?, mas allá del juicio abreviado en particular, en general la promulgada autonomía de la querella en el momento procesal del art. 346CPPN ¿estaría utilizándose como una ampliación del poder punitivo y no con una finalidad reparatoria ? Reflexionemos si la autonomía que se pretende otorgar a la figura del querellante existiendo ya un titular de la acción penal y del poder punitivo del estado como es el ministerio fiscal es compatible con los derechos del imputado.



I “Santillán, Francisco Agustín s/ recurso de casación, 13/8/1998, CDJP, Año IV, nº 8 B, pp. 549/552 o en Fallos: 321:2021.

II En adelante CSJN.
III En adelante CPPN.
IV Fallo 6: CSJN, 23/12/04, “QUIROGA, Edgardo Oscar”, (CSJN-Fallos, 327:5863).

V BRUZZONE, “Acerca de la adecuación constitucional del juicio abreviado”, CDJP, nº 8/A, Ad Hoc, Buenos Aires.

VI Bovino, Alberto, Problemas del derecho procesal penal contemporáneo, Ed. Del Puerto, Bs. As., 1998, pp.

martes, 26 de enero de 2010

Si es custodio, debe custodiar



Nicolás Sansalone fue herido con facas en el penal de General Alvear. Y falleció. La provincia dijo que la violencia de los presos no es su responsabilidad. La Corte dijo que si el Estado hubiera cumplido sus funciones de custodia, nada habría ocurrido.

El caso ocurrió en 2003, pero es un arquetipo de lo que ocurre habitualmente en las cárceles.

La provincia de Buenos Aires deberá indemnizar con 70 mil pesos a la madre de un joven que murió a consecuencia de las heridas recibidas en una pelea, mientras terminaba de cumplir condena en un penal. La indemnización fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia, que dio por acreditada una doble responsabilidad del Estado provincial en la muerte de Nicolás Ignacio Sansalone: en primer lugar, por no haber velado por su seguridad; en segundo, por no haberle brindado la atención médica y sanitaria necesaria para su recuperación. El fallo, que recurre a la Constitución y a jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, subraya que “la seguridad”, entendida como deber del Estado, no sólo debe “resguardar los derechos de los ciudadanos frente a la delincuencia sino también los propios de los penados”.

El joven, de 20 años, resultó herido por una faca el 27 de abril de 2003 y, tras una serie de operaciones e internaciones, falleció por sepsis generalizada el 7 de octubre del mismo año. De acuerdo con el fallo de la Corte, su madre, Susana M.G., deberá recibir 70 mil pesos (más intereses, a calcular desde el día de la muerte de su hijo y hasta el día en que se haga efectivo el pago) en concepto de daño moral, en lugar de los 516 mil que reclamaba por pérdida patrimonial.

Aunque trascendió ayer por la tarde, al ser notificado al Estado bonaerense, el fallo lleva fecha del 22 de diciembre, con lo que fue una de las últimas causas resueltas en 2009. Lleva las firmas de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni, quien sustentó su voto de manera separada, aun cuando comparte las generales de los demás jueces. La “readaptación social” de las personas privadas de su libertad se constituye en “un objetivo superior del sistema”, afirma la decisión judicial. Pero además la Constitución Nacional, en el artículo 18, “impone al Estado, por intermedio de los servicios penitenciarios, la obligación y responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena o una detención preventiva la adecuada custodia, obligación que se cimienta en el respeto a su vida, salud e integridad física y moral”.

En 2003, Sansalone se encontraba en la Unidad 30, de General Alvear, donde tenía “concepto bueno, conducta ejemplar, calificación nueve sobre diez”. Estaba por recuperar su libertad. Pero el 27 de abril, luego de una pelea con otro interno, resultó con “graves heridas de arma blanca”. De acuerdo con la denuncia realizada por su madre, Sansalone inicialmente fue atendido en el hospital de la unidad y sólo después trasladado al Hospital Posadas, de Saladillo, “donde comenzó el terrible calvario que terminó con su vida”. En el hospital fue operado de urgencia, y su cuadro “derivó en una desnutrición, casi sin atención médica”. A fines de agosto fue trasladado a la Unidad 22, por lo que su madre presentó “un recurso de hábeas corpus en el que denuncia el abandono de persona, al que se hizo lugar y, como consecuencia, se lo trasladó a la Unidad 30 en un camión”, en lugar de la ambulancia que supuestamente estaba pedida y que era indispensable, en donde “persiste la falta de atención”. Sólo tras una serie de pedidos realizados ante la Procuración, “fue derivado al Hospital San Martín de La Plata”, y al día siguiente falleció.

Más allá de cuáles hayan sido los motivos de la pelea, argumentó la madre de Sansalone al presentar la demanda, “el Estado provincial es responsable por la seguridad de las personas cuya guarda se ha arrogado”. La provincia de Buenos Aires, sin embargo, rechazó ese argumento y afirmó que no existía “falta” ni “prestación irregular” de servicio en el ámbito penitenciario, que la víctima “provocó la riña” y que “la rapidez de los hechos” fue lo que “determinó la imposibilidad de impedir” las heridas. Testigos presenciales de la pelea, por el contrario, declararon que los guardiacárceles no intervinieron sino “hasta pasados unos minutos”, que pudieron ser más de 10 de acuerdo con los testimonios. Por otra parte, aun cuando “existían cámaras de video funcionando”, su familia nunca tuvo acceso al registro de esas imágenes.

En el fallo, los jueces ratifican que “Sansalone no logró superar eldelicado estado de salud derivado de las lesiones recibidas”, y que el Estado falló al no impedir que los internos tuvieran en su poder armas blancas. “Si el Estado no puede garantizar la vida de los internos, ni evitar que éstos, recurrentemente, se munan de elementos susceptibles de producir daños de carácter irreparable, de nada sirven las políticas preventivas del delito, ni menos aún las que persiguen la reinserción social de los detenidos”, sostuvo Zaffaroni en su voto. Nada hubiese ocurrido, agregó, si el Estado hubiera velado por el “idóneo cumplimiento” de sus funciones.

Fuente: Página 12

lunes, 25 de enero de 2010

Los polémicos D.N.U.




Los D.N.U : Exceso de Facultades Legislativas del Poder Ejecutivo Nacional

Luego de la reforma constitucional de 1994, comenzó a hacerse un uso indiscriminado por parte de los presidentes de turno de la herramienta legislativa contemplada en el art. 99, de la Carta Magna. Dicha norma prevé que cuando situaciones excepcionales hicieran imposible seguir el procedimiento constitucional para sancionar leyes, y siempre que no se trate de cuestiones vinculadas a tributos, partidos políticos, electoral o penal, el PEN podrá dictar decretos de necesidad y urgencia, y que deberán ser refrendados por el jefe de Gabinete.

Luego de ello, el Jefe de Gabinete deberá someter el DNU a la consideración de la Comisión Bicameral del Congreso, para finalmente pasar a decisión de todo el recinto. Ambas Cámaras pueden ratificar el DNU o bien derogarlo del ordenamiento legal argentino.

Ahora bien, el principal problema que se observa es que se ha aplicado durante todo el período entre 1994 y 2010 los DNU ante situaciones que no son excepcionales y que no impiden que la cuestión de fondo sea debatida en el Congreso, es más, se han dictado la gran mayoría de los Decretos estando vigente el período ordinario de sesiones; lo que a mi juicio provoca un gran menoscabo constitucional y más precisamente de esa herramienta legal en cabeza del PEN.

Si bien ante el dictado de muchos decretos se han esbozado razones que impedirían un amplio debate del Congreso porque demorar la decisión en el tiempo implicaría agravar más la situación que provocó el dictado del mismo, pero también es cierto que siempre se interponen excusas para pasar por sobre el cuerpo de representantes del pueblo. Afortunadamente los constitucionalistas de 1994 dejaron fuera del ámbito de los DNU cuatro materias muy importantes de gran incidencia sobre toda la ciudadanía.

A pesar de la limitación temática constitucional, también debo destacar que se ha buscado regular por sobre esas prohibiciones, por ejemplo aduciendo que en materia tributaria el impedimento apunta solo a ciertos elementos de los mismos y no variaciones de alícuotas, etc -a veces con la aceptación de la propia justicia en las instancias mas elevadas-. Pero aunque esto no pareciera revestir demasiada gravedad, lo cierto es que luego de regular alícuotas se intentó ampliar los supuestos del hecho imponible a situaciones que no hubieran estado incluidas en la redacción original de la ley, entre muchas otras cuestiones.

Cabe destacar también que no sólo ha hecho uso y abuso de los DNU el PEN, sino también el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo también supuestos del hecho imponible por decreto en el Impuesto de Sellos y en el de Ingresos Brutos.

Es decir que desde que fueron contemplados por la Constitución Nacional, a los DNU se los ha utilizado para los más diversos propósitos y con toda la gama de argumentaciones posibles, y mucha veces sin cumplir con la ratificación posterior, o haciendo de ella un mero trámite de aprobación sin debate ni discusión alguna. Si realmente se quiere aplicar el art. 99 inc 3) de la Constitución, lo que debe hacerse es ceñirse su aplicación a limitados y específicos supuestos, dejando al Congreso que se aboque a las cuestiones que requieren más debate y consenso y que no revisten la urgencia manifestada por quienes lo dictan o refrendan.

Por Dr. Alejandro Améndola

Fuente: Abogados.com.ar

lunes, 4 de enero de 2010

Libros para el verano

Compré muy recientemente un par de libros para leer en estos días de calor. Ya empecé el primero de ellos y me cuesta despegarme de él por largo rato.



En el Prometeus, un avisón que vuela de París a Croydon, en el Reino unido, viajan unos pocos pasajeros. Aunque parezca inverosímil, en este reducido espacio tiene lugar el asesinato de una prestamista, madame Giselle, sin que nadie se entere... ni siquiera Poirot, que viaja en el mismo avión y que dormita y no ve nada. Pero tal circunstancia no le impedirá, llegado el momento, hacer caer uno a uno los disfraces tras los cuales se oculta la mano asesina.

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altas horas de una noche de octubre, su señoría Abe Rosenberg, liberal legendario del Tribunal Supremo, recibe un balazo en la cabeza mientras duerme. Al cabo de dos horas, Glenn Jensen, el juez más joven y conservador del Tribunal, muere estrangulado posiblemente por el mismo asesino. El FBI no tiene pistas. Sin embargo, Darby Shaw, una brillante estudiante de Derecho de Tulane, cree tener la respuesta. Después de hurgar durante varios días en los ordenadores de la biblioteca jurídica, ha descubierto un sombrío vínculo entre ambos jueces. Una noche, escapa por los pelos de la explosión de un coche bomba. Asustada, Darby se pone en contacto con el corresponsal investigador Gray Grantham y le convence de que la actitud de Washington ante los asesinatos constituye la mayor tapadera desde Watergate.

lunes, 21 de diciembre de 2009

El avenimiento (última parte)



Por Miguel Andrés Fucarile

Tercera y última parte. Agrego jurisprudencia y una breve conclusión.


IV. Jurisprudencia

Por último es útil referirse a la muy reducida expresión judicial (encontré solo un fallo ) sobre el avenimiento, lo cual no obsta que aporte valiosos elementos para una adecuada exégesis.

En este caso, al imputado R.J.A. le fue atribuido el delito de abuso sexual con acceso carnal en contra de su esposa, quien presuntamente se negaba a cumplir con el débito conyugal.

En cuanto al avenimiento, se expresó que “la propia víctima, mayor de dieciséis años y vinculada al imputado por un matrimonio preexistente (…), voluntaria y libremente, ante el fiscal de Instrucción interviniente, en presencia del propio encartado J.A.R. expresó que ha logrado con él un acuerdo o conciliación con el fin de salvar la institución familiar y la crianza de sus tres hijos menores, habiéndole propuesto su esposo un cambio fundamental en su vida y en su relación con ella, agregando que ella cree en la palabra de su esposo porque antes nunca le había hecho una propuesta similar y que desea fervientemente que su esposo vuelva al hogar a los fines de reiniciar con él la vida en común”.

Aquí se aprecian claramente los motivos de la proposición, los cuales como se dijo deben ser evaluados por el juez. Es de resaltar que este acuerdo se propuso en presencia del fiscal, cosa que si bien no asegura la libertad de su proposición, es un elemento más de convicción (en el fallo, esto se valoró positivamente).

Respecto a los requisitos de procedencia del avenimiento se dijo: “… La norma impone condiciones a comprobar por el tribunal: a) que la víctima sea mayor de dieciséis años, b) que la propuesta haya sido libre y voluntariamente formulada por ella, c) que preexista una relación afectiva entre las partes y d) que resulte el modo más efectivo de armonizar el conflicto”.

Al haberse acreditado dichos extremos en autos, la jueza Yunen resolvió declarar extinguida la acción penal y dictar el sobreseimiento de J.A.R.

Para reafirmar esto último, el fallo establece claramente que: “Si la propuesta de avenimiento ha sido formulada por la víctima al imputado, en un marco de absoluta igualdad, libertad y voluntad, pues se trata de una manifestación efectuada ante un funcionario público y de acuerdo a sus legítimos intereses, la misma aparece como el modo más equitativo para que culmine el proceso, mediante la extinción de la acción penal”.

V. Para concluir

La reforma introducida al Título III del Código Penal implica un gran avance respecto de los fundamentos y presupuestos del avenimiento como instituto alternativo a la sentencia. Sin dudas constituye un cambio positivo. Sin embargo, debido a la irregular técnica legislativa aplicada y a la limitación injustificada de su procedencia se hace necesario dilucidar ciertas cuestiones (para nada menores) que únicamente serán dejadas de lado definitivamente si el legislador corrige la disposición. No olvidemos que el derecho penal acude en última ratio, y por lo tanto es necesaria una ampliación de los presupuestos normativos actuales. No veo una mejor salida que una clara interpretación de la lex scripta en vez de recurrir a infinitos ríos de tinta. Y no deseo dejar pasar que esta conclusión es en realidad aplicable al Título III en su totalidad. No solamente al avenimiento. Pero esa es otra historia.

VI. Bibliografía consultada

Código Penal de la Nación.
Cafferata Nores, José I., “El avenimiento en los delitos contra la integridad sexual”, comentario del fallo “J. Instr. N°1 de Villa Dolores, 11-4-2000, “R.J.A.”, LL, Suplemento de Jurisprudencia Penal del 29-5-2000, p.7”, publicado en LL 2000-C, 250.
Creus, Carlos, “Derecho Penal, Parte Especial”, TI, Ed. Astrea, 6° Ed., Buenos Aires, 1999.
Donna, Edgardo Alberto, “Delitos contra la integridad sexual”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2° Ed., Buenos Aires, 2001.
Donna, Edgardo Alberto – De la Fuente, Javier, “El Código Penal y su interpretación en la jurisprudencia”, TII, Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2003.
Figari, Rubén E., “Delitos de índole sexual”, Ed. Cuyo, 2003.

lunes, 14 de diciembre de 2009

El avenimiento (2º parte)



Por Miguel Andrés Fucarile

Aquí se explica brevemente el texto del actual artículo 132 del Código Penal.


III. La reforma

La ley 25.087 (BO 14/05/1999) ha modificado entre otras disposiciones el artículo 132, aunque dejando sin resolver algunas de las cuestiones mencionadas ut supra. El nuevo texto reza: “En los delitos previstos en los artículos 119: 1°, 2°, 3° párrafos, 120: 1° párrafo y 130 la víctima podrá instar el ejercicio de la acción penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o privadas sin fines de lucro de protección o ayuda a las víctimas. Si ella fuere mayor de dieciséis años podrá proponer un avenimiento con el imputado. El tribunal podrá excepcionalmente aceptar la propuesta que haya sido libremente formulada y en condiciones de plena igualdad, cuando, en consideración a la especial y comprobada relación afectiva preexistente, considere que es un modo más equitativo de armonizar el conflicto con mejor resguardo del interés de la víctima. En tal caso la acción penal quedará extinguida; o en el mismo supuesto también podrá disponer la aplicación al caso de lo dispuesto por los artículos 76 ter y 76 quater del Código Penal”. Esta ley también ha suprimido la rúbrica de todo el Título III, quedando este artículo bajo la pobre denominación de “Capítulo V” (conjuntamente con el artículo 133, referido a la participación secundaria).

Respecto del antiguo texto aquí se dan diferencias sustanciales. Veamos.

En primer lugar el mismo artículo establece que en caso de verificarse todos sus requisitos la consecuencia podrá ser la extinción de la acción penal, con lo cual deviene abstracta la vieja discusión antes mencionada sobre su naturaleza jurídica. Pero resalta un dato más importante: la extinción de la acción no es la única consecuencia posible. Si el juez lo estima más adecuado al caso concreto, está facultado a aplicar lo normado en los artículos 76 ter y 76 quater del código de fondo. Resta preguntarse si estos delitos se someten a la regulación de la suspensión del juicio a prueba (es decir, se entienden incorporados como pasibles de probation a pesar del límite legal de 3 años) o si solamente les son aplicables sus consecuencias, sin entenderlos como excepciones a ese régimen. Creo que esta discusión no tiene mayor importancia, sobre todo luego de la salida del fallo “Acosta” (CSJN, 2005), en la que se resolvió que el límite de 3 años establecido en el artículo 76 bis del Código Penal se debe interpretar en concreto. Además afirmar una u otra postura no implica diferencias prácticas.

En cuanto a los delitos que dan cabida al avenimiento, ellos están el abuso sexual simple, gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal o violación, estupro y rapto. Al igual que su texto derogado, la enumeración es taxativa.

Al referirse a “la víctima” se ha eliminado la mención del sujeto pasivo, en consonancia con las demás modificaciones de la misma ley 25.087, reconociendo como tales a personas de uno u otro sexo. Por consiguiente, también devine innecesaria toda distinción de género o estado civil.

Respecto a la coautoría, como ya se adelantó, es una cuestión que la reforma no ha resuelto. Sin embargo son aplicables analógicamente las interpretaciones de la doctrina que he expuesto anteriormente. El avenimiento con uno de los coimputados (no ya “delincuentes”) implica la extensión del beneficio a todos, y esto debe ser así porque resulta ilógico suponer que si la víctima no desea el proceso (sobre todo por representar una “revictimización”, al tener que hacer público esos vejámenes) deba continuar sólo para algunos. Como dice Cafferata Nores, el proceso penal continúa para todos o se suspende para todos.

Rubén Figari destaca la importancia de la discusión parlamentaria en esta modificación. En ella se dijo: “… esta eximiente (-en su antigua redacción-) ha llevado a situaciones de abuso, donde la víctima resultaba sometida a matrimonios indeseados. Asimismo, se equiparaba simbólicamente la pena de prisión con el matrimonio… La sustitución del matrimonio por el avenimiento, judicialmente controlado y aprobado, que puede dar lugar a la extinción de la acción penal, en forma inmediata, o luego de un período de prueba, mantiene en la anterior posibilidad de un final no punitivo, sólo que con otra base que se ha reducido, indebidamente, a una relación personal preexistente, cuando nada justifica semejante condicionamiento, pues también pueden existir otras circunstancias que hagan deseable a la víctima un final no punitivo…”.

El nuevo artículo 132 establece expresamente que se trata de un instituto excepcional. Esto quiere decir que el juez podrá rechazar in límine una determinada propuesta de acuerdo si considera, como también dice la norma (a contrario sensu), que no es el modo más equitativo de armonizar el conflicto. Esto tiene que ver con que si bien estamos hablando aquí de delitos cuya acción debe ser promovida en principio por el damnificado, sigue siendo su titular el Estado, y existe un determinado interés público que fundamenta la aplicación de la pena (aunque ampliamente reducido al admitir el avenimiento como alternativa).

La víctima debe tener dieciséis años cumplidos al momento del ofrecimiento (no es necesario que tenga esa edad al momento del hecho). Sin embargo, desde los dieciséis hasta los veintiún años deberá contar con un representante legal, quien deberá otorgar también su consentimiento.

La ley no especifica el contenido del avenimiento. Coincido con Figari cuando afirma que cualquier contenido es admisible siempre que no sea inmoral, y éste sea aprobado por el juez en carácter de controlante. Este autor afirma que como consecuencia de esa falta de regulación, podría en teoría proponerse como opción el matrimonio con el imputado, aunque dudo de este ofrecimiento como una solución útil. Sin embargo, no es irrazonable pensar en esa posibilidad.

También se afirma en la norma en estudio que la propuesta debe ser libremente formulada y en condiciones de plena igualdad. Aquí es vital la tarea del juez, el cual debería entrevistar tanto al imputado como a la oferente del acuerdo en audiencia para determinar justamente estos requisitos indispensables (extremo que tampoco se encuentra regulado actualmente). Esto no quita que también se investigue toda coacción sobre la víctima por otros medios. Es decir, el juez deberá por un lado examinar los motivos esgrimidos por los interesados, observando el carácter siempre excepcional ya explicado y teniendo en cuenta la finalidad autocompositiva del avenimiento como una mejor solución del conflicto; y por otro lado, tomar todas las medidas conducentes para determinar la falta de todo tipo de coacción o vicio a la voluntad por parte de la víctima.

Pero ello no es todo. Además de lo antedicho, debe existir previamente entre la víctima y el imputado una especial y comprobada relación afectiva. Al incluir la palabra “preexistente”, la ley deja de lado situaciones en las cuales quizás a la víctima no le interese someterse a sí misma al proceso penal pero por no tener una relación previa con el imputado no se encontraría habilitada para proponer el avenimiento (en igual postura se enrola Cafferata Nores en el comentario al fallo analizado más adelante). Por otro lado, hay que determinar qué es una relación especial. Evidentemente no puede tratarse de un desconocido. Algunos ejemplos dados por la doctrina incluyen al concubino, el novio o prometido, hayan vivido, o no bajo un mismo techo. No hay mayores dudas respecto de los cónyuges respecto a su admisibilidad. Para Donna, sin mucha explicación, deben excluirse las personas comprendidas en los supuestos de agravantes. Es decir, no están comprendidos los ascendientes, los descendientes, afines en línea recta, hermanos, tutores o curadores, ministro de algún culto o encargado de la educación o la guarda (todos supuestos del artículo 119 CP). Solamente serían sujetos aptos de este avenimiento para este autor relaciones como los noviazgos o la amistad. Discrepo con este autor ya que si nos enfocamos al objetivo último del avenimiento (expresado en la norma e interpretado armónicamente con los antecedentes parlamentarios), el cual es dar una mejor resolución al conflicto en interés de la víctima, no es consistente que se haga una discriminación tan rígida en cuanto a los tipos de relaciones que deben existir entre los sujetos activo y pasivo (sobre todo al ser éstas tan cambiantes). Creo que este extremo debe ser apreciado por el juez en ejercicio de su sana crítica, y por supuesto, debidamente motivado por auto.

En cuanto a la oportunidad procesal, ya se dijo que puede ser cualquiera, incluso durante la ejecución de la pena. La ley habla de que se podrá proponer un avenimiento con el “imputado”. Al elegir este término sin embargo no obsta que sobre éste ya se esté ejecutando la pena privativa de la libertad. También en esos casos es admisible el acuerdo con la víctima. Cafferata Nores, afirma acertadamente que “… negar esta posibilidad significaría una sustitución autoritaria de la voluntad y el interés de la víctima por un presunto interés público. (…) Si la simple voluntad de la víctima puede evitar ex ante la persecución y punición, no aparece fácil de encontrar argumentos para que no pueda evitarlos ex post…”.

viernes, 11 de diciembre de 2009

El instituto del avenimiento en los delitos contra la integridad sexual (1ª parte)


Por Miguel Andrés Fucarile

Este es el primer fragmento de un trabajo que realicé hace poco sobre el análisis del artículo 132 del Código Penal argentino. Próximamente, la segunda parte con la actual redacción.

I. Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo el análisis del instituto del avenimiento. Si bien ya existía como tal antes de la más reciente modificación del Código Penal respecto de los crímenes sexuales, su inclusión en la ley de fondo implica la búsqueda de soluciones menos violentas que la pena estatal en respuesta a estos delitos. En determinadas circunstancias, la propuesta de este “acuerdo” (por decirlo de algún modo) permite resolver de forma autocompositiva ciertos casos, que por sus características propias, la aplicación de una pena (por cierto bastante grave) no solo no resolvería el conflicto sino que quizás lo agravaría.

Los delitos sexuales siempre fueron socialmente los más repudiados, a veces más que muchos homicidios u otros delitos contra las personas. Este malestar incluso se ve traducido en la ley penal. Por ejemplo, la pena del abuso sexual simple (art. 119, 1° párr. CP) es apenas 1 año menor en su máximo respecto del homicidio imprudente (art. 84 CP). A partir de aquella base, todas las penas en el Capítulo II del Título III del Código Penal aumentan dependiendo de circunstancias agravantes (incluidas el abuso “gravemente ultrajante” y el acceso carnal) o de delitos autónomos (caso de estupro – art. 124 CP). Esto permite inferir que nos encontramos ante ilícitos de gravedad. Es patente la reflexión de Donna: “Es tal la desproporción y la sobrevaloración de los bienes jurídicos en juego, que la agravante en el supuesto de la violación tiene casi la misma pena que en el delito de homicidio ” (refiriéndose al análisis del art. 119, 4° párr. CP).

Es por ello que llama tanto la atención la incorporación del avenimiento como posible salida alternativa a la pena (y también al proceso), ya que en estos delitos es donde creo que se da más fuertemente entre las personas la noción de pena como retribución, como castigo. Las víctimas, sus familiares, la prensa, los abogados y quizás también los mismos jueces dejan de lado la noción de privación de la libertad con fines de “resocialización”. Prima la idea de venganza. Y es en este contexto donde curiosamente aparece el avenimiento.

En fin, esta curiosidad es la que motivó la elección de este tema para su análisis.


II. Antecedentes legislativos

El instituto del avenimiento cambió sustancialmente su fundamento y requisitos de procedencia. Antes de la ley 25.087, bajo la rúbrica de “Disposiciones comunes a los capítulos anteriores”, el texto del artículo 132 del Código Penal era el siguiente: “En los casos de violación, estupro, rapto o abuso deshonesto de una mujer soltera, quedará exento de pena el delincuente si se casare con la ofendida, prestando ella su consentimiento, después de restituida a casa de sus padres o a otro lugar seguro”. Enunciaré algunas de las características de esta disposición para luego compararlas con la actual redacción.

En primer lugar, en cuanto a la naturaleza jurídica del avenimiento, la mayoría de la doctrina entendió en ese entonces que se trataba de una excusa absolutoria (Creus, Núñez, entre otros), que como bien se sabe, se aplica por razones de política criminal con el fin de eximir de pena a los casos que comprende (al entender el legislador que el castigo estatal no constituye una herramienta eficaz). Otros en cambio consideraban que se trataba de una causa de extinción de la acción penal (Soler). En consecuencia, en un proceso ya iniciado se debía acreditar el presupuesto objetivo (el matrimonio) para luego archivar la causa.
Por otro la norma derogada enuncia los delitos a los cuales se aplica. Estos como se vio son los tipos de violación, estupro, rapto o abuso deshonesto. Respecto de este giro se interpretó que la enumeración era taxativa, lo cual también es compartido para su versión actual.

Estos delitos debían ser cometidos en contra de una “mujer soltera”. Como es evidente, se excluían los casos en que el sujeto pasivo sea un hombre. Con el término “soltera” se refería la ley a los casos en los cuales la mujer estaba en condiciones de contraer matrimonio: no se trataba solamente de quien no se haya casado nunca, sino que también podía ser viuda o divorciada.
Con el término “delincuente” se suscitaron algunas discusiones (dejando de lado el carácter inquisitivo del vocablo en sí mismo). En primer lugar al referirse de esa forma al sujeto activo se podría interpretar que no bastaba la calidad procesal de imputado para que proceda el avenimiento. Muy por el contrario, se requeriría sentencia firme sobre la autoría de cualquiera de los delitos ya enumerados (aunque si se debiera pasar por un proceso penal previo a la implementación del instituto no tendría mayor sentido hablar de una excusa absolutoria). Pero por otro lado, más importante devino la discusión (no dejada de lado con la nueva redacción) acerca del problema que surge en los casos de que en el hecho hayan participado varias personas. Obviamente la víctima podía casarse solamente con uno de ellos. No hay dudas de que respecto de éste operaría plenamente la exención de pena. ¿Pero qué ocurre con el resto de los co-imputados? Parte de la doctrina entendió que la excusa absolutoria era de carácter personal, por lo que los demás participantes del delito no quedaban comprendidos en ella. Sin embargo, la mayoría consideró que la exención de la pena se extendía a todos, ya sean autores o partícipes (incluso los encubridores, ya que en ese entonces no había sido tipificado como delito autónomo). Actualmente el encubridor queda excluido del avenimiento, al cometer un delito autónomo no comprendido en el artículo 132 CP.

El presupuesto objetivo, como ya se adelantó, era el matrimonio con la ofendida. Para la procedencia de este instituto, se debía acreditar que el sujeto activo contrajo matrimonio con la víctima. ¿Pero por qué se requería específicamente el matrimonio y no el perdón, por ejemplo? Aquí es fundamental entender que antes de la reforma, el bien jurídico protegido en este Título III era la “honestidad”. El valor jurídico fundamental de la sociedad (definido así por la doctrina) que se protegía con el Título III era el carácter de “mujer honesta”. Aunque parezca hasta ridículo afirmarlo, la protección incluía el buen nombre y honor de los varones (leyó bien) que se relacionaban con la víctima (misteriosamente se veían ofendidos en su propia honra). La honestidad así entendida constituía en consecuencia una protección no de la víctima, sino de quienes de alguna forma tenían su honra personal depositada en ella. Entonces qué mejor remedio que el matrimonio para “subsanar” los efectos sociales negativos de estos graves delitos sobre la honestidad de la mujer. Basta con imaginar los resultados que esta disposición pudo haber causado. El matrimonio como respuesta a estos delitos constituía un remedio a esa ofensa a la honestidad de la mujer agredida sexualmente, siguiendo parámetros sociales y culturales retrógrados y muy antiguos (pero aún así vigentes hasta 1999). No se protegía la integridad física o psíquica de la mujer, sino su honestidad.

El matrimonio debía ser válido (cumpliendo lo dispuesto por el Código Civil), y el avenimiento operaba aunque aquél se disolviese con anterioridad a que formalmente se declare el sobreseimiento del imputado (por ejemplo, por la muerte de la ofendida). En casos de matrimonio nulo no operaba la excusa absolutoria.

Actualmente la doctrina entiende que el bien jurídico del Título III es la libertad sexual (aunque con algunas vacilaciones: otros autores hablan del libre desarrollo y ejercicio de la sexualidad), como consecuencia del derecho mismo a la libertad. Esto de deriva del presupuesto ineludible de que toda persona puede determinar libremente el ejercicio de su propia vida sexual. Donna por su parte entiende que no es posible determinar un bien jurídico único para este título, debido a la amplia gama de intereses protegidos. Para él hay que determinar el ámbito de protección para cada grupo de delitos (abuso y sus derivados, corrupción, prostitución, pornografía). En fin, los delitos contra la integridad sexual representan un poderoso ataque físico y psíquico hacia la víctima (de uno u otro sexo, y no como discriminaba la antigua regla jurídica). La honestidad como objeto de protección dejó de tener relevancia para el derecho penal. El matrimonio por tanto no representa ya un remedio (¿útil?) a estos delitos, como alguna vez se creyó. Sin embargo, el avenimiento es procedente bajo otros requisitos.

Respecto del consentimiento de la víctima para contraer matrimonio, el artículo 14 de la ley 14.394 dispensaba el límite de edad de la mujer de 14 años, entendido como mínimo para darle a éste validez legal. Esto debía ser aprobado por el juez penal. Sin embargo, bien apunta Creus cuando dice que no tendrá validez el consentimiento cuando la víctima resulte ser incapaz pero por causas distintas a su edad (por ejemplo, en caso de ser demente, sin importar que sea mayor).

Por último, al no disponer expresamente en qué instancia procesal debía proponerse este avenimiento, se entendió correctamente que era posible en cualquier momento, incluso durante la ejecución de la pena. Esta cuestión se mantiene en la actual redacción.
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