viernes, 14 de mayo de 2010

domingo, 2 de mayo de 2010

Sobre el principio de inocencia (2° parte)



Pude encontrar este fragmento de la película "12 angry men" a la que hice referencia en este post.

En los pocos segundos en los que la jueza le explica al jurado su responsabilidad se aprecia en forma patente el impacto real del principio de inocencia: ante la existencia de una duda razonable en el caso concreto, se impone la absolución (in dubio pro reo).

miércoles, 28 de abril de 2010

Dilema moral: honorarios


Por Miguel Andrés Fucarile

Hoy gracias a una clase pude recordar un dilema moral típico de abogados. Se trata del ya conocido tema sobre los honorarios. Más especificamente la cuestión es la siguiente: ¿es correcto cobrar la consulta?

Mucha gente se hace esta pregunta, y tuve la oportunidad de reflexionar sobre este asunto varias veces, obteniendo como resultado opiniones contradictorias.

La primera vez que traté el tema un profesor se dirigió a la clase entera y dijo, palabras más, palabras menos: "Ustedes no tienen que sentirse mal al cobrar la consulta. Viven de esta profesión. Invirtieron muchos años en estudiar una carrera universitaria como es Abogacía y es su derecho". En principio comulgué con esta opinión.

Un tiempo después surgió de vuelta esta discusión, solo que esta vez fuera del aula. La posición que se planteó fue resumidamente ésta: "no es ético cobrar la consulta ya que no implica comprometerse a llevar la causa y sobre todo teniendo en cuenta que el Estado te educa gratis, y por esto no sería ético". Producto de aquélla charla, mi posición anterior tambaleó bastante.

Dejando de lado estas posiciones, ambas respetables, quiero referirme a una variante del planteo original que quizás lo haga más interesante: el caso del abogado penalista. Reformulado sería algo así: ¿es correcto cobrar la consulta, si nos encontramos ante un caso penal?

Aunque parezca insignificante, creo que antes de ensayar una respuesta hay que toparse ante cuestiones que quizás no se hayan tenido en cuenta en el interrogante anterior. Veamos:

En primer lugar, el derecho penal como instrumento agravador de conflictos implica como bien se sabe la reacción más enérgica del Estado, y alguien que es perseguido penalmente se enfrenta nada menos que a la posibilidad de ser pasible del castigo estatal. No nos encontramos aquí ante un "proceso de partes" típico del derecho civil. En este litigio no hay reconvenciones ni limitación de la competencia en razón de los hechos de la demanda. La "demanda" penal empieza en forma secreta y sin posibilidad de control hasta ya formulada una hipótesis acusatoria basada en elementos de prueba (la mayoría de las veces). La "averiguación de la verdad" permite al juzgador ejercer amplísimas facultades coercitivas en contra del imputado. El peor de los escenarios posibles no es la ejecución forzada (ya en sí una resolución violenta de conflictos), sino ante la pena privativa de la libertad (claro está, en delitos donde ella está determinada), y nuestro "rival" tiene todo un aparato organizado con recursos humanos y económicos por mucho superiores a los de cualquier persona. Por lo tanto, ya en sus consecuencias, el hecho de encontrarse ante un caso de posible condena a prisión habilita una consideración especial respecto del planteo de exigir honorarios por una consulta.

Por otro lado, el proceso penal tiene la nefasta consecuencia de permitir al Estado, durante la sustanciación del proceso, privar de la libertad a quien goza de un estado legal de inocencia, reconocido también constitucionalmente. Esto lamentablemente no es ninguna novedad. No quiero ahondar en este tema, pero es de destacar que si un consultante se nos acerca con un planteo acerca de un detenido, esto creo yo, no puede escapar a las consideraciones del profesional. Ya ha dicho la doctrina que el imputado se enfrenta ante la "pena del proceso" , y ante una situación de por sí angustiante para el imputado como para su familia, hay que acordar que no es el mismo escenario de una demanda de daños y perjuicios.

No quiero por ello que se malentienda mi planteo. En otros fueros también se dan muchísimos y gravísimos planteos como ser alimentos, despidos masivos injustificados, daños por parte obras sociales, etc. Pero considero que debido a las consecuencias que conlleva la aplicación del derecho penal y el proceso penal en sí mismo, implican tratar específicamente el tema de honorarios.

No me pasa por alto la vinculación de la consulta con el derecho de acceso a la justicia. Si el Estado no puede proporcionar un asesoramiento real y eficaz a las personas sujetas al proceso penal (ya sea por sobrecarga de trabajo, insuficiencia de recursos humanos y edilicios, etc.) no debería pasarnos de largo como si fuera algo ajeno, sobre todo a los que se dedican al fuero penal. El abogado tiene la finalidad de ayudar a las personas. Suena tan obvio que parece ridículo, pero muchos lo olvidan al salir de la facultad.

En conclusión, las gravísimas consecuencias de la aplicación del derecho penal, del proceso penal, y la consideración del abogado como un defensor de los derechos de las personas sometidas a la persecusión estatal implican la necesaria reflexión sobre si exigir honoarios es o no correcto. No digo si es "ético" o "moralmente reprochable".

Aclaro que a la fecha creo no tener una postura definida. Y menos creo aún que la respuesta a este cuestionamiento sea equivalente en todos los casos. No hay 2 casos iguales, por lo que la respuesta no puede ni debe ser siempre la misma.

sábado, 3 de abril de 2010

¿Noticieros inquisitivos?


Por Miguel Andrés Fucarile

De tanto y tanto escuchar noticias "policiales" en distintos noticieros (que ya implican una sección prácticamente inamovible) empecé a preguntarme si la forma en que se encaran ciertos hechos delictivos (no hay por qué negarlos en cantidad y gravedad) responden a un método de averiguación de la verdad y juzgamiento típico de la edad media (en Argentina, hasta hoy día).

Cuando se difunde la noticia acerca de haberse encontrado al asesino, ladrón, violador, estafador, etc., inmediatamente se aclara que aún falta aguardar el juicio para ver si efectivamente este "ser" puede quedar detenido. Esto último, noto yo, se dice en forma pesimista, peyorativa, como si fuese necesario atravesar una fuerte y molesta barrera.

Es decir: los hechos ya están fijados. Este "ser" ES el asesino, ladrón, violador, estafador. De eso no hay duda. La verdad ya fue construida y el juez (el noticiero) ya falló en sentido positivo a esa versión (reitero, construida por él mismo). Incluso colaboró en la averiguación de la verdad (figúrense esas largas crónicas policiales que día a día aportan datos sobre la causa). El juez-noticiero investigó y determinó la única hisotia posible. Pero falta un paso. Es necesario sortear la molesta valla de la defensa en juicio. Falta oír el descargo del malviviente.

La defensa de los derechos y la confrontación de la historia "oficial" a otra versión alternativa es, de este modo, algo muy molesto. Es algo negativo. Es la piedrita en el zapato de la sentencia condenatoria. Es lo que separa al ya condenado por los medios y la sociedad, de la cárcel. Se asume con todo desdén que el abogado defensor (¡cómo es posible que los haya!) tratará de manipular la ley para impedir que se haga justicia.

Es por ello que una de las garantías más emblemáticas del Estado liberal, la defensa en juicio de la persona y los derechos, se ha vuelto hoy en día, en una herramienta de la injusticia. De la impunidad. De ahí quizás provino la nefasta frase: "tienen demasiados derechos". Y quizás otra peor: "no va a ir preso, si hay un juez garantista".

Creo que está volviendo el algo habrán hecho que tanta sangre y dolor nos costó superar como país.

martes, 23 de marzo de 2010

Sobre el principio de inocencia



"12 hombres en pugna" (12 angry men) es una obra de teatro que cuenta la historia de un jurado de 12 personas que tiene el deber de expedirse acerca de la culpabilidad o inocencia de un acusado de homicidio, bajo ciertas condiciones: primero, no pueden abandonar el salón de deliberación (lo cual hacía que ni siquiera se discutiera el caso con tal de irse de allí), y segundo, la decisión debe ser unánime.

Se han hecho adaptaciones al cine y se han hecho presentaciones teatrales en muchos paises.

Esta es una obra de teatro clásica que toca en profundidad varios temas de gran interés para el derecho penal. Entre ellos se encuentran principalmente los principios de inocencia e in dubio pro reo (principal derivado del anterior), juicio por jurados y su régimen (íntima convicción, no requeriendo dar un voto motivado en las pruebas del proceso) y también los demás elementos que influyen en un fallo y que no tienen que ver con la actividad probatoria (primeras impresiones, "corazonadas", sentimiento de rechazo, etc).

Recomiendo ver la película (y si fuera posible, ir a ver la obra).

jueves, 18 de marzo de 2010

El PE busca modificar la ley penal tributaria

Relacionado con la entrada anterior, se dio a conocer esta noticia.

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En el día de ayer, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley con el fin de modificar la Ley Penal Tributaria, contemplando el agravamiento de las penas en los casos de evasión.

De acuerdo a lo explicado por el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, la iniciativa tiende a la penalización efectiva en caso de evasión, proponiendo que finalice una causa por el pago del monto evadido.

Por medio de la nueva iniciativa, el Gobierno propone reformar la Ley Penal Tributaria y el Código Penal, eliminando la probation para los evasores que deban cumplir penas de prisión, a la vez que buscan elevar la participación de la AFIP en los procesos.

Por otro lado, el proyecto contempla la elevación del monto tope para la evasión impositiva simple de 100 mil a un millón de pesos, a la vez que pretende modificar los motivos que agravan la figura de evasión simple, informó la AFIP por medio de un comunicado.

En relación a ello, la intención de la modificación consiste en focalizarse en la conducta de quien infringe la ley, dejando de lado los montos adeudados, por lo que el proyecto exige constatar algunos métodos tipificados, como la utilización de facturas apócrifas u otros documentos falsos, el ocultamiento de la identidad de los sujetos obligados y el uso fraudulento de beneficios fiscales.

Si bien la iniciativa mantiene la misma pena de tres y medio a nueve años de prisión para los delitos de evasión impositiva agravada, restringe las formas de finalización de las causas tributarias y previsionales, excluyendo la aplicación de la suspensión del juicio a prueba o probation y la extinción de la causa por pago.

De acuerdo a lo informado por le ente recaudador, la intención es penalizar de forma efectiva las conductas de evasión en vez de convertir el proceso en un instrumento recaudatorio, discriminando solamente la conducta cuando exista arrepentimiento voluntario previo a cualquier accionar fiscalizador.

Es importante destacar que el proyecto extiende el ámbito de aplicación de la Ley Penal Tributaria y previsional a las obligaciones fiscales de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, que en la actualidad no tienen protección penal.

Fuente: Abogados.com.ar
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