martes, 13 de julio de 2010

El matrimonio entre personas del mismo sexo

"Amarás a tu prójimo como a tí mismo" (Lc 10, 27)


Por Miguel Andrés Fucarile

¡Qué debate parece haberse armado estos días! ¿Se debe aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Se debe permitir adoptar a parejas de homosexuales? ¿Debe llamarse "matrimonio" ó "unión civil"? Estos y otros interrogantes andan dando vuelta por los medios, las calles y las cámaras legislativas. No trataré de proponer una "solución" (como si esto fuera un problema, lo que sería descalificar la cuestión), sino más bien advertir que esta discusión lejos de ser compleja, es en mi opinión estéril y carente de sentido.

Identifico 2 tipos de argumentos en contra del proyecto de ley modificatorio del Código Civil: estos son por un lado morales, y por el otro, jurídicos. Veamos.

Argumentos morales:

  • el matrimonio homosexual es contra natura, es decir, no responde al orden biológico del ser humano, lo cual hace inviable la procreación y por ende la conservación de la especie.
Este argumento es ambiguo e impreciso. Afirmar que algo no debe permitirse por el hecho de no responder a un orden natural "dado" no permite resolver muchas otras cuestiones que podrían caer dentro de la misma prohibición. La tecnología, el progreso científico, la medicina (el transplante de órganos y la transfusión de sangre como ejemplos concretos), incluso las leyes (impedir hacer algo a otro bajo amenaza de sufrir un mal) podrían definirse como comportamientos "no naturales" -es decir, no dados al hombre por su biología física-, solo que no caen bajo la selectividad de algunos sectores. Llama la atención un caso, que podría ser lo que en muchas culturas se permite desde muchísimo tiempo: sucesivos matrimonios entre un hombre y muchas mujeres (con 3 ó 4 esposas). Muchos sectores deberían permitirlo según su discurso, ya que incluso favorece la conservación de la raza humana aún en mayor medida que el matrimonio monógamo.

  • el matrimonio homosexual destruye la institución de la familia, básica para el desarrollo normal del ser humano en sociedad.
Aquí se asume indirectamente que la familia tracionalmente concebida (padre, madre e hijos convivientes) es la única posiblidad de no generar individuos socialmente inadaptados. Cabe recordar que mucho antes de la ley de divorcio (por lo que se podría considerar a hijos de matrimonios disueltos por la ley, que son varios creo yo), existieron familias disfuncionales, padres y madres viudos, solteros, criminales, adolescentes, distantes por miles de kilómetros y otros que tampoco responden a este modelo "típico" de familia, y que no por ellos no están ni pueden estar prohibidos. Este argumento no es más que discriminador.

  • La adopción por parte de parejas homosexuales implicaría un mal desarrollo de los niños, quienes carecerían de una figura materna o parterna.
Es muy difícil a mi parecer sostener tal argumento (conjuntamente con los anteriores, obviamente). Aplicando un criterio similar al anterior, un padre o madre ausente o fallecido debería llevar a la misma consecuencia, lo cual no es así.

Argumentos jurídicos:

  • El Código Civil establece expresamente como requisito de existencia del matrimonio la diversidad de sexos entre los contrayentes. Por lo tanto, es indiscutible su prohibición.
Aquí entra el derecho a la igualdad ante la ley, reconocido consitucionalmente (art. 16) como convencionalmente y de jerarquía constitucional, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos:

Artículo 17.4 - Protección a la familia: "Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del msimo En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos".

Artículo 24 - Igualdad ante la ley: "Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley".

Artículo 29, b) - Normas de interpretación: "Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados".

Estos artículos, especialmente el principio pro homine establecido en último término, aseguran la igualdad, la no discriminación y la interpretación extensiva de los derechos concedidos a las personas, entre ellos, el derecho a contraer matrimonio.

  • El matrimonio como instituto jurídico sólo se aplica a un hombre y una mujer, sin perjuicio de lo cual las personas del mismo sexo pueden acceder a la denominada "unión civil".
Este arguemento es a mi entender manifiestamente violatorio del derecho a la igualdad y es altamente discriminatorio. Llamar con distinto nombre a la misma acción por el solo hecho de quiénes son los que la realizan (suponiendo que tuivera idénticos efectos, lo que no es así y también es criticable) conlleva a una segregación notable, dando un mensaje demostrativo de desigualdad.

Sobre la adopción concretamente muchos llegan a una solución de compromiso al afirmar que "es mejor eso a que estén sin padres". Pero otras posiciones prefieren lisa y llanamente los institutos de menores a padres adoptivos del mismo sexo. Sobre esto no hay mucho que decir. Es totalmente insostenible incluso moralmente. En el plano jurídico, se permite la adopción a hombres y mujeres solteros, y nada dice la ley sobre si los adoptantes están solos o en pareja.


Creo que es clara mi postura. No sólo considero que no hay motivos para no aprobar la tan pretendida ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que postulo que no hay impedimento para que en una interpretación amplia y respetuosa de los derechos humanos, no se prohíba un matrimonio por el solo hecho del sexo de los contrayentes aún en el estado actual de la legislación común. También debe garantizarse en plena igualdad la adopción para parejas del mismo sexo.

miércoles, 16 de junio de 2010

Una cárcel de Austria

Ya tuve oportunidad de subir algunas de estas fotos en otro blog, pero vale la pena insistir en ellas ya que en particular no dejan de sorprenderme (para bien por supuesto).


Algunas normas que constituyen la regulación legal pertinente:

  • Artículo 18 de la Constitucion Nacional (última parte): "Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice".
  • Artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*: "El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica".
  • Artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos*: "Las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados".
(*incorporados al bloque de constitucionalidad por el art. 75, inc. 22, Constitución Nacional)


Y ahora sí las fotos:

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga1jsNUI0g3Oar2xZSOODGr4RHH7oosaA6ibzBwyo48yh4zhMnnKZ-roXT940ThLT5f5-mRnTTKBqhjRA96pHUBvbEVBFwGzFLKhNah5vSe5uoF79PZszkOoCUe8urnBTkwozA2Q3kQSI/s400/World+Most+Luxurious+Jail+in+Leoben+Austri3a2g.jpg

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGkFPob0r25sCcmugdmt5r1yNtHGPHlFHLzjQWf4edG-fuiku_5x9TzXUxMO_EZi6lS_eRPcNYNpUHpYQ5hyRC0oT21AL9xiOt0DmOMnKsryqfjdn74Byv1T6BtmdZFLTcgAanceWpZJc/s400/World+Most+Luxurious+Jail+in+Leoben+Austri3a24.jpg



https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj96Lln9Nx4tOPdabSz4uXURzBLrF7f8PSWlGwxY4hIKmj_PvIAa6UkLkpRinH-1RHDke6t7f3HHNyu8zrjIJwmwQXQPW46vX5jJ2N58x4v_Qx7NVOU-U6DGIQAIZrqT1OXseN6o-PnQMw/s400/World+Most+Luxurious+Jail+in+Leoben+Austria1.jpg

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiubzLSU_XYXJNZJ4xqbhw1ZoPe6gw8Ihgf7z_3AidsqRb-Avh8Ued-H_oRDbotCmGe9tqj_HscGRbs4S0zivfKhYe2VJz9fPFIUJPhzC7ugqfCrDqx9XmW8NChSNLKJz2USKwxgUGBg_U/s400/World+Most+Luxurious+Jail+in+Leoben+Austria2g.jpg

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPENWsdxYcEo3oNHBRntDsLDUm_3mq93TasIJsmTLRx-joRDz0e_CzgtmBKP0jGg94dFFqco2BSXlm1UdtnIvPvEO8vOsGt_54i_sY52vx4h-XbzD5QoMkpKG2XDoiazL480B5FmI9WAk/s400/World+Most+Luxurious+Jail+in+Leoben+Austria62g.jpg







Fuente: Taringa!

jueves, 20 de mayo de 2010

Sobre la defensa técnica eficaz


Por Miguel Andrés Fucarile


Aquí reproduzco un post que realicé con un compañero para el blog Curso Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal:



Cuando se inicia un proceso judicial, el imputado se enfrenta a la maquinaria estatal en una posición marcadamente desigual y desprotegida. Para evitar esto y asegurar la “igualdad de armas” en el procedimiento penal, a partir del artículo 18 de la CN y los artículos 8.1 y 8.2 de la CADH se establece el derecho de defensa en juicio.


Citando a Cafferatta Nores, la defensa técnica “se integra con la actividad desarrollada por un abogado, que lo aconsejara, elaborara la estrategia defensiva y propondrá pruebas, controlara y participara en su producción y en las de cargo que ofrezca el acusador, argumentara sobre su eficacia conviccional, discutirá el encuadramiento jurídico de los hechos que se le imputan a su defendido y la sanción que se le pretenda imponer, y podrá recurrir en su interés”.


Ahora, en la teoría la defensa técnica, es perfecta… pero ¿y en la práctica? ¿Es realmente como debiera ser? ¿Puede decirse que el trabajo de los defensores oficiales, quienes muchas veces están tapados de causas y no dan abasto para poder controlar a todas, cumplen realmente con la defensa técnica cuando el imputado no tiene el poder adquisitivo para pagarse un abogado particular? ¿Puede decirse que incluso los abogados particulares realizan efectivamente su trabajo?


En el fallo “Núñez”de la CSJN, no pueden obviarse argumentos coincidentes a esta idea. Entre ellos, por ejemplo, se dice que "Deben extremarse los recaudos que garanticen plenamente el ejercicio del derecho de defensa. (...) Debe ser cierto, de modo tal que quien sufre un proceso penal ha de ser provisto de un adecuado asesoramiento legal, al extremo de suplir su negligencia en la provisión de defensor, asegurando, de este modo, la realidad sustancial de la defensa en juicio"


“Si bien no es obligación de la asistencia técnica del imputado fundar pretensiones de su defendido que no aparezcan, a su entender mínimamente visibles, ello no la releva de realizar un estudio serio de las cuestiones eventualmente aptas para ser canalizadas por las vías procesales pertinentes, máxime porque se trata de una obligación que la sociedad puso a su cargo -no puede imputarse al procesado la inoperancia- a la que ha sido ajeno- de la institución prevista para asegurar el ejercicio de su derecho constitucional, cuya titularidad ostenta exclusivamente y cuya inobservancia puede acarrear responsabilidad internacional al estado argentino”


"El ejercicio de la defensa debe ser cierto, de modo tal que quien ha de ser provisto de un adecuado asesoramiento legal al extremo de asegurar la realidad sustancial de la defensa en juicio"


"No basta con la designación de un defensor, sino que además, este último, debe asistir al imputado de un modo REAL, CIERTO Y ADECUADO”

"La ineficacia no estará en el contenido de la defensa sino en la falta de posibilidad que el abogado le dio a su asistido para participar de su estrategia”.


En consecuencia, no siempre contar formalmente con un defensor implica una defensa real de la persona y los derechos, tal como lo plantea el mandato constitucional. La verdadera defensa en juicio se garantiza con una defensa eficaz, sin perjuicio de la estrategia de cada defensor (lo cual queda sometido a una irremediable casuística).


Por otro lado, omisiones tales como no ofrecer prueba, no interrogar testigos, hacer un alegato final de menos de 1 minuto de duración y sin valorar las pruebas producidas en el debate son indicativas de una evidente falencia en la defensa técnica. Sin embargo, ello es así solamente si estos ejemplos se dan conjuntamente. No podríamos concluir que el hecho aislado de no interrogar determinados testigos sea signo de indefensión, ya que, por ejemplo, ante un sólido testimonio no parece razonable indagar porque podría resultar aún más perjudicial de lo que ya es. Además, al ser desconocida por todos la estrategia del defensor (o la falta de ella) solamente podemos hablar de defensa ineficaz ex post. Por lo tanto la solución de la nulidad se impondría.

viernes, 14 de mayo de 2010

domingo, 2 de mayo de 2010

Sobre el principio de inocencia (2° parte)



Pude encontrar este fragmento de la película "12 angry men" a la que hice referencia en este post.

En los pocos segundos en los que la jueza le explica al jurado su responsabilidad se aprecia en forma patente el impacto real del principio de inocencia: ante la existencia de una duda razonable en el caso concreto, se impone la absolución (in dubio pro reo).

miércoles, 28 de abril de 2010

Dilema moral: honorarios


Por Miguel Andrés Fucarile

Hoy gracias a una clase pude recordar un dilema moral típico de abogados. Se trata del ya conocido tema sobre los honorarios. Más especificamente la cuestión es la siguiente: ¿es correcto cobrar la consulta?

Mucha gente se hace esta pregunta, y tuve la oportunidad de reflexionar sobre este asunto varias veces, obteniendo como resultado opiniones contradictorias.

La primera vez que traté el tema un profesor se dirigió a la clase entera y dijo, palabras más, palabras menos: "Ustedes no tienen que sentirse mal al cobrar la consulta. Viven de esta profesión. Invirtieron muchos años en estudiar una carrera universitaria como es Abogacía y es su derecho". En principio comulgué con esta opinión.

Un tiempo después surgió de vuelta esta discusión, solo que esta vez fuera del aula. La posición que se planteó fue resumidamente ésta: "no es ético cobrar la consulta ya que no implica comprometerse a llevar la causa y sobre todo teniendo en cuenta que el Estado te educa gratis, y por esto no sería ético". Producto de aquélla charla, mi posición anterior tambaleó bastante.

Dejando de lado estas posiciones, ambas respetables, quiero referirme a una variante del planteo original que quizás lo haga más interesante: el caso del abogado penalista. Reformulado sería algo así: ¿es correcto cobrar la consulta, si nos encontramos ante un caso penal?

Aunque parezca insignificante, creo que antes de ensayar una respuesta hay que toparse ante cuestiones que quizás no se hayan tenido en cuenta en el interrogante anterior. Veamos:

En primer lugar, el derecho penal como instrumento agravador de conflictos implica como bien se sabe la reacción más enérgica del Estado, y alguien que es perseguido penalmente se enfrenta nada menos que a la posibilidad de ser pasible del castigo estatal. No nos encontramos aquí ante un "proceso de partes" típico del derecho civil. En este litigio no hay reconvenciones ni limitación de la competencia en razón de los hechos de la demanda. La "demanda" penal empieza en forma secreta y sin posibilidad de control hasta ya formulada una hipótesis acusatoria basada en elementos de prueba (la mayoría de las veces). La "averiguación de la verdad" permite al juzgador ejercer amplísimas facultades coercitivas en contra del imputado. El peor de los escenarios posibles no es la ejecución forzada (ya en sí una resolución violenta de conflictos), sino ante la pena privativa de la libertad (claro está, en delitos donde ella está determinada), y nuestro "rival" tiene todo un aparato organizado con recursos humanos y económicos por mucho superiores a los de cualquier persona. Por lo tanto, ya en sus consecuencias, el hecho de encontrarse ante un caso de posible condena a prisión habilita una consideración especial respecto del planteo de exigir honorarios por una consulta.

Por otro lado, el proceso penal tiene la nefasta consecuencia de permitir al Estado, durante la sustanciación del proceso, privar de la libertad a quien goza de un estado legal de inocencia, reconocido también constitucionalmente. Esto lamentablemente no es ninguna novedad. No quiero ahondar en este tema, pero es de destacar que si un consultante se nos acerca con un planteo acerca de un detenido, esto creo yo, no puede escapar a las consideraciones del profesional. Ya ha dicho la doctrina que el imputado se enfrenta ante la "pena del proceso" , y ante una situación de por sí angustiante para el imputado como para su familia, hay que acordar que no es el mismo escenario de una demanda de daños y perjuicios.

No quiero por ello que se malentienda mi planteo. En otros fueros también se dan muchísimos y gravísimos planteos como ser alimentos, despidos masivos injustificados, daños por parte obras sociales, etc. Pero considero que debido a las consecuencias que conlleva la aplicación del derecho penal y el proceso penal en sí mismo, implican tratar específicamente el tema de honorarios.

No me pasa por alto la vinculación de la consulta con el derecho de acceso a la justicia. Si el Estado no puede proporcionar un asesoramiento real y eficaz a las personas sujetas al proceso penal (ya sea por sobrecarga de trabajo, insuficiencia de recursos humanos y edilicios, etc.) no debería pasarnos de largo como si fuera algo ajeno, sobre todo a los que se dedican al fuero penal. El abogado tiene la finalidad de ayudar a las personas. Suena tan obvio que parece ridículo, pero muchos lo olvidan al salir de la facultad.

En conclusión, las gravísimas consecuencias de la aplicación del derecho penal, del proceso penal, y la consideración del abogado como un defensor de los derechos de las personas sometidas a la persecusión estatal implican la necesaria reflexión sobre si exigir honoarios es o no correcto. No digo si es "ético" o "moralmente reprochable".

Aclaro que a la fecha creo no tener una postura definida. Y menos creo aún que la respuesta a este cuestionamiento sea equivalente en todos los casos. No hay 2 casos iguales, por lo que la respuesta no puede ni debe ser siempre la misma.

sábado, 3 de abril de 2010

¿Noticieros inquisitivos?


Por Miguel Andrés Fucarile

De tanto y tanto escuchar noticias "policiales" en distintos noticieros (que ya implican una sección prácticamente inamovible) empecé a preguntarme si la forma en que se encaran ciertos hechos delictivos (no hay por qué negarlos en cantidad y gravedad) responden a un método de averiguación de la verdad y juzgamiento típico de la edad media (en Argentina, hasta hoy día).

Cuando se difunde la noticia acerca de haberse encontrado al asesino, ladrón, violador, estafador, etc., inmediatamente se aclara que aún falta aguardar el juicio para ver si efectivamente este "ser" puede quedar detenido. Esto último, noto yo, se dice en forma pesimista, peyorativa, como si fuese necesario atravesar una fuerte y molesta barrera.

Es decir: los hechos ya están fijados. Este "ser" ES el asesino, ladrón, violador, estafador. De eso no hay duda. La verdad ya fue construida y el juez (el noticiero) ya falló en sentido positivo a esa versión (reitero, construida por él mismo). Incluso colaboró en la averiguación de la verdad (figúrense esas largas crónicas policiales que día a día aportan datos sobre la causa). El juez-noticiero investigó y determinó la única hisotia posible. Pero falta un paso. Es necesario sortear la molesta valla de la defensa en juicio. Falta oír el descargo del malviviente.

La defensa de los derechos y la confrontación de la historia "oficial" a otra versión alternativa es, de este modo, algo muy molesto. Es algo negativo. Es la piedrita en el zapato de la sentencia condenatoria. Es lo que separa al ya condenado por los medios y la sociedad, de la cárcel. Se asume con todo desdén que el abogado defensor (¡cómo es posible que los haya!) tratará de manipular la ley para impedir que se haga justicia.

Es por ello que una de las garantías más emblemáticas del Estado liberal, la defensa en juicio de la persona y los derechos, se ha vuelto hoy en día, en una herramienta de la injusticia. De la impunidad. De ahí quizás provino la nefasta frase: "tienen demasiados derechos". Y quizás otra peor: "no va a ir preso, si hay un juez garantista".

Creo que está volviendo el algo habrán hecho que tanta sangre y dolor nos costó superar como país.
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