martes, 11 de enero de 2011

Reseña del libro: "Las miserias del proceso penal" (1° parte)


Por Miguel Andrés Fucarile

"Todos nosotros tenemos un poco de ilusión de que los delicuentes son los que perturban la paz y de que la perturbación puede eliminarse separándolos de los otros; así el mundo se divide en dos sectores: el de los civiles y el de los inciviles; una especie de solución quirúrgica del problema de la civilidad."

Esta obra puede dividirse en 2 partes complementarias: en primer lugar, Francesco Carnelutti analiza a los distintos sujetos del proceso: el preso, el abogado (desde la perspectiva del defensor), el juez, y también su relación con el imputado. Señala en cada uno de ellos sus características en una forma simple y a la vez muy completa.

Sobre el preso, el autor considera que es el más pobre de todos los hombres: más que el hambriento, que el sediento, el enfermo o el vagabundo. Ellos tienen necesidades del cuerpo, pero el preso tiene una carencia del espíritu (no en el sentido literal de enfermedad, por supuesto), que puede brindarse a través de la compasión. En relación al preso, señala que no puede divirse al hombre en "buenos" y "malos".

"Los sabios, que continúan considerando la pena, según una fórmula famosa, como un mal que se hace sufrir al delincuente por el mal que él ha hecho sufrir, ignoran u olvidan que (...) no es con el mal con lo que se puede vencer al mal"

Acerca del abogado, se dice que es quien brinda ayuda a la necesidad del preso. Es quien se pone a su nivel, y su virtud yace en que al estar generalmente la sociedad toda "en contra" del preso, no ofreciendo más que enemistad, él es quien lo acompaña en el último peldaño de la escala. Su grandeza radica en que lleva la cruz por otro. Es quien se pone al lado del imputado y se somete al juez.

Al hablar del juez, se ve claramente una de las grandes "miserias" del proceso. Se parte de la premisa, indiscutible, de la parcialidad del hombre. Todos somos partes. El juez, en cambio, tiene un rol de imparcialidad. Y así debe ser, ya que de otra forma no puede hablarse de un juicio justo. Pero he aquí una gran encrucijada: se requiere que el juez sea "súper-partes" (estar más allá de ellas), es decir, ser un "súper-hombre". Algo que es imposible. El concepto de tribunal colegiado tiene la función de ofrecer un (pequeño) intento de solución a este problema, ya que la parcialidad de uno puede no ser la de otros.

"La justicia humana no puede ser más que una justicia parcial; su humanidad no puede dejar de resolverse en su parcialidad. Todo lo que se puede hacer es tratar de disminuir esta parcialidad."


Cuando Carnelutti habla sobre el defensor, señala su parcialidad. Es su principal diferencia con el juez. El defensor debe razonar y exponer sus peticiones y conclusiones, pero no de la misma forma que el juez, ya que tiene un interés: la libertad del imputado. Interés que también existe respecto del acusador. Se desarrolla entre el defensor y el acusador un contradictorio que genera una duda. Ésta debe ser superada por el juez en beneficio de una de las partes, y de no hacerlo, la inocencia impone la absolución.

"El defensor, pues, es y debe ser un razonador de pie forzado, esto es, un razonador parcial; un razonador que trae el agua a su molino."

Paralelamente, el autor demuestra otra gran miseria del proceso penal. Y ésta es el problema de la verdad. El juicio tiene, desde el principio, una pretensión imposible: averiguar la verdad de lo ocurrido. Lo valioso de la explicación de Carnelutti radica en su simpleza. No hay otra forma de comprobar la inocencia o la culpabilidad sino a través de la "historia". El proceso hace historia pero de un hecho determinado.

"... la razón se descompeone en las razones como la luz se descompene en los colores y el silencio en los sonidos. Del mismo modo que no opdemos afrontar toda la luz ni gozar todo el silencio,así tampoco podemos apoderarnos de toda la razón. Las razones son aquella fracción de verdad que a cada uno de nosotros nos parece haber alcanzado. Cuantas más razones se expongan tanto más será posible que, juntándolas, uno se aproxime a la verdad."

En una posible segunda parte, se habla más bien de los problemas del proceso penal. Son las miserias de las que el autor hace referencia. La primera de ellas proviene de las pruebas. Es a través de ellas por cuanto el proceso hace historia. Pero su producción implica sujeción a éste. El problema radica en establecer las pruebas respetando a la persona del imputado (y también a la persona del testigo, que al considerarse un medio más se lo deshumaniza).

"Desgraciadamente, la justicia humana está hecha de tal manera que no solamente se hace sufrir a los hombres porque son culpables sino también para sabier si son culpables o inocentes. Esta es, desgraciadamente, una necesidad, a la cual el proceso no se puede sustraer ni siquiera si su mecanismo fuese humanamente perfecto."


Otra gran miseria del proceso se da en la relación del juez con el imputado, ya que el primero debe, de acuerdo con la ley, reconstruir la historia del hecho. Pero para el autor esta reconstrucción no basta. También hay que conocer la historia del imputado. El delito es una porción mínima de la historia de la persona. Y no puede juzgarse ese hecho aisladamente. Aunque esto es también imposible. No existen los medios ni el juez dedica el tiempo suficiente a este intento de conocer. Además, la historia de un hombre está compuesta también por su futuro, el cual no se puede predecir (y muchísimo menos se puede invocar en contra del imputado).

"El juicio, para ser justo, debería tener en cuenta no solamente el mal, que uno ha hecho, sino también el bien que hará; no solamente su capacidad para delinquir, sino también su capacidad para redimirse. Pero a fin de que este juicio, que para ser justo dee ser entero, pueda realizarse, debería hacerse después que el hombre ha terminado su vida. No se pueden obtener las sumas de un balance, diría un hombre de negocios, más que al fin del ejercicio."

Continuará...

martes, 7 de diciembre de 2010

Recomendación: El Rati Horror Show

"Desgraciada la generación cuyos jueces merezcan ser juzgados..."
(Tato Bores)


Sin pretender hacer algún spoiler, esta película me llamó la atención particularmente en dos grandes apectos (que hasta cierto punto no sorprenden):

- El papel de las fuerzas de seguridad: el trinomio inseguridad - gatillo fácil - sustracción de pruebas es de una entidad tal que cuestiona toda la institución policial. No es novedosa la crítica defensiva respecto de los primeros momentos de la instrucción, en donde la policía tiene el exclusivo control de las pruebas. Cada vez son mayores las denuncias en contra de las fuerzas que en teoría tiene el deber de proteger a los ciudadanos.

- Aunque aparezca secundario en el film, el rol de los medios de comunicación. Es patante hasta dónde puede llegar la deformación en la pretensión de dar a conocer noticias "objetivamente" a los televidentes. La publicidad de estos hechos se hace en forma parcial (en sus dos sentidos: incompleta y mal intencionada), en parte motivado por la imperiosa y constante necesidad de ser el primer medio el cual brinda cobertura al hecho en cuestión.

Como un dato curioso, se muestra en la película una serie de reconstrucciones virutales que resultarían muy útiles a la hora de litigar.

En fin, recomiendo ampliamente ver esta película. Aquí un trailer:


martes, 23 de noviembre de 2010

Autonomía de la querella: ¿un paso hacia la restitución del conflicto?

Una loca idea

Por Miguel Andrés Fucarile


Sabido es que la víctima se considera “la gran olvidada” en el proceso penal. Escasas atribuciones se le reconocen en el procedimiento criminal. Desde antaño se dice que el Estado se ha “expropiado” del conflicto de la víctima con el imputado, siendo ella utilizada solamente para impulsar primariamente la acción, luego de lo cual apenas es considerada. No se le permite ver la causa (art. 204 CPPN) y puede ser citada a declarar con amenaza de utilizar la fuerza pública de ser necesario (art. 154 CPPN). Todo ello sin perjuicio de que en forma elegante la ley afirme que “… el Estado Nacional garantizará a las víctimas del delito […] el pleno respeto de los siguientes derechos: a) A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes;…”[1].

Ahora bien, hace ya bastante tiempo[2] la CSJN a través del fallo “Santillán” sentó jurisprudencia acerca de la autonomía de la actuación del querellante en el proceso penal respecto del acusador público.

Esta sentencia tuvo trascendencia, entre otras cuestiones, en la llamada “crítica instructoria” del proceso penal nacional. En concreto, en el artículo 348, segundo párrafo, segundo supuesto[3], a través de este precedente se declaró la posibilidad de que solamente la parte querellante acudiera a juicio con la defensa. En todo caso, el acusador privado captará las facultades que la ley otorga al fiscal.

Sin embargo, esta autonomía que se brinda a través de los mismos tribunales al particular damnificado no implicó modificación alguna a la actuación que ya venía teniendo en el proceso penal el ministerio público fiscal. Es decir, gracias a este fallo, ahora se puede decir que el código nacional admite en plenitud a dos acusadores[4]. Ante la inacción de uno de ellos, el otro puede subsistir en su pretensión punitiva sin mayor inconveniente.

Es aquí donde veo el problema. Esta dualidad de acusadores (uno de ellos revestido con todo el poder del Estado) en contra de un individuo no debe subsistir.

Si bien el fallo mencionado nada dice al respecto, cabe preguntarse si las facultades atribuidas al querellante podrían considerarse dadas en desmedro de las del fiscal. De esta forma, se da un pequeño paso hacia la restitución del conflicto por parte del Estado a las partes. Y sin lugar a dudas, se daría respeto cabal a los principios de igualdad (art. 16 CN) e igualdad de armas (art. 8.2 CADH).

Pero quizás es una loca idea.

[1] Art. 79 CPPN.

[2] Más precisamente, desde el año 1998.

[3] “… sea que sólo el querellante estimara que [el juez] debe elevar la causa a juicio, …”.

[4] En realidad, tres si sumamos al actor civil, que en el CPPN se estipula que “tendrá en el proceso la intervención necesaria para acreditar la existencia del hecho delictuoso…” (art. 91 CPPN).

jueves, 4 de noviembre de 2010

Detener más no significa detectar más delitos

Excelente entrada de Horacio Cecchi en su blog: "Lo que quedó en el tintero"




En la audiencia pública que se realizó en el Senado bonaerense, 65 organizaciones civiles expresaron sus razones para dar un “no” aplastante al proyecto de Código Contravencional. Según me comentó Roberto Cipriano García, coordinador del Comité Contra la Tortura y que presentó en la audiencia un documento en representación de la Comisión Provincial por la Memoria, “fueron tan contundentes que sería vergonzozo que intentaran insistir”. Insistir, insisten (ver post de la presentación del Plan de Casal). Pero volviendo a la audiencia, que fue presidida por los senadores Cristina Fioramonti y Roberto Ravale, tras las exposiciones en las que no se ofreció ninguna en defensa del plan, el Senado tiene 30 días para realizar una síntesis de lo expuesto y pasar a comisiones para su análisis. Luego, ya se supone que el año próximo, habrá que esperar un dictamen.

Después de la expresión de las organizaciones de la sociedad, en una audiencia pública queda claro lo que se piensa socialmente del proyecto de Código Contravencional Casal.

Como señalan desde la Comisión Provincial por la Memoria, y desde todos los organismos que se presentaron en la audiencia, no existe relación entre la utilización del Código Contravencional y de las detenciones por averiguación de identidad con la prevención del delito: detener más no significa detectar más delitos. De un estudio realizado por el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria se desprende que de un total de 658 actas de detenciones por averiguación de identidad, sólo en dos casos (0,30%) se iniciaron actuaciones por delitos.

¿Por qué, entonces, tanto hincapié en desarrollar un plan que no sirve para nada? Porque la inseguridad paga con votos. (el resaltado no es original)

¿Por qué no se persigue lo que causa el delito? Se persigue sólo la parte visible, que es la que nos dejan ver, la mano de obra barata. N0 se persigue la causa porque es la misma policía la que la recluta y controla.

¿Por qué detienen a los reclutados? Porque no van a detenerse a sí mismos. Y detienen sólo una parte decimal de sus reclutados. Hacia dentro, hacia los chicos tomados por la policía, esas detenciones decimales funcionan como una espada de Damocles que los obliga a seguir robando para la policía. Hacia fuera, detener a una parte y molestar a todos los reclutados demorándolos por antecedentes (que la policía ya tiene desde que fueron reclutados) es mostrar que se “lucha contra el delito, se combate a esa lacra”, aunque no se haga nada más que eso. En realidad, la puerta giratoria funciona mucho antes de que uno se entere, cuando se realizan esas mínimas e invisibles detenciones de chicos en la calle, donde se los capta y recluta y se los suelta para que roben, esa es la única puerta giratoria.

Los delitos se repiten en fracciones mucho menores que lo que se alienta en los medios. ¿Por qué? Porque el mecanismo mediático multiplica un caso en una realidad universal.




¿Qué efecto produce la universalización mediática? Dispara la sensación de inseguridad. Un homicidio es un homicidio. Diez homicidios son diez homicidios. Pero las muertes por imprudencia en el tránsito están infinitamente por encima y sin embargo no disparan ese miedo. No hay campañas electorales con proyectos para reducir la velocidad en los autos que salen de fábrica. Si no hay interés, no hay titulares en los medios que, además, designan a una muerte por imprudencia en el tránsito como un “accidente” con lo que se quita toda responsabilidad. En cambio, en un homicidio en ocasión de robo de auto la responsabilidad se descarga entera sobre el que fue reclutado para robar. No se descarga sobre la causa, porque la causa es el responsable mismo de que no ocurra el robo. Pero la inseguridad paga con votos, con lo que hay que desparramar acción que justifique hacia fuera y permita seguir haciendo hacia dentro.

sábado, 30 de octubre de 2010

El actual derecho penal de autor



Por Miguel Andrés Fucarile


“El juicio, el verdadero, el juicio justo, el juicio que no falla está solamente en las manos de Dios. Si los hombres, sin embargo, se encuentran en la necesidad de juzgar, deben tener al menos la conciencia de que hacen, cuando juzgan, las veces de Dios.”

Francesco Carnelutti, Las Miserias del Proceso Penal.


La noción de derecho penal de autor deviene de antigua data. Roxin ha definido a este concepto, clarificando que existe “cuando la pena se vincule a la personalidad del autor y sea su asocialidad y el grado de la misma lo que decida sobre la sanción. Lo que hace culpable aquí al autor no es ya que haya cometido un hecho, sino que sólo el que el autor sea tal se convierte en objeto de la censura legal”[1].

En resumen, para esta concepción de raigambre positivista-criminológica, la calidad o personalidad del autor constituye un elemento tipificante de la acción jurídicamente reprobada. Implica una perspectiva determinista de las personas, en las cuales se afirma su inexorable destino delictivo prescindiendo de su propia voluntad.

Ahora bien, habiendo hecho esta aclaración previa, podría sorprender a más de uno el afirmar que hoy en día se siguen sosteniendo tales doctrinas. Sin embargo, me inclino en esta postura.

Identifico este etiquetamiento criminal en dos formas distintas: respecto de determinados sectores y sociales y también mediante la utilización de términos lingüísticos ideados al efecto.

No es novedosa la identificación de pobreza – delito, pero la crítica que deseo resaltar recae en el supuesto carácter negador del libre albedrío de las personas de bajos recursos. Desde hace tiempo se demoniza en forma generalizada a este sector de la sociedad y el sistema penal pareciera estar destinado exclusivamente a tramitar causas no pocas veces rayanas al principio de insignificancia.

No escapa a esta cuestión que coadyuva a esta realidad la aplicación irrestricta de nuestro principio de legalidad procesal, pero éste es un tema más complejo y que escapa de este breve análisis.

Otro respecto constituye a los menores. Se afirma (en forma expresa o tácita) casi con una frialdad absoluta que los chicos aprovechan o abusan de su carácter de inimputables para cometer delitos en forma masiva, sin el menor respeto por los demás, ya sea de su propiedad o incluso de su vida. Este tipo de identificación de los menores como delincuentes no hace más que contribuir al mantenimiento de un derecho penal de autor.

Por otra parte, en lo referente al lenguaje, ya tuve oportunidad de expedirme con más detalle sobre ello, pero cabe resaltar que términos como “motochorros”, “salideras”, “raídes delictivos” (entre muchos otros) cumplen la perversa función de generar temor, e indirectamente proponer rápidas e incompletas reformas legales, muchas de ellas inconstitucionales por tipificar formas de vida, y no acciones independientes con tal de aplacar un clamor público de súbita inseguridad.

En conclusión, el etiquetamiento de ciertas personas como delincuentes en forma generalizada no hace más que retrotraer el sistema y el pensamiento humano a doctrinas ya superadas, que no hace falta aclarar, son totalmente impensables actualmente desde el ámbito de los derechos humanos, por ser claramente racistas e injustas. No olvidemos la vieja máxima que afirma que “toda generalización es discriminatoria”.

El delito es la punta del iceberg, es la consecuencia, el reflejo de una realidad social que no se soluciona con la inflación de figuras legales, sino que el mejor remedio, como diría cualquier médico, es la prevención.



[1] Roxin, Claus, “Derecho Penal, Parte General”, Tomo I, 2º Ed, 1999, pág. 176.

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