jueves, 22 de diciembre de 2011

Pasó seis años acusado de abusar sexualmente de su hijo y ahora lo absuelven

- 22/12/11 - 12:07

Lo culparon de abusar sexualmente de su hijo. Pasó seis años sin verlo. Estuvo preso por el delito que presuntamente había cometido. Pero ahora un tribunal determinó que se trató de una acusación falsa fundada en la cuestionada labor de las peritos psicólogas y lo absolvió.

El tribunal número dos de Quilmes declaró inocente a Diego Manuel Pascual, quien estaba acusado por el delito de “abuso sexual con sometimiento gravemente ultrajante, agravado por el vínculo”.

Uno de los puntos llamativos del fallo firmado por los jueces Ariel González Eliçabe, Félix Gustavo Roumieu y Pablo Eduardo Pereyra es la singular dureza con la que criticaron el trabajo de las peritos psicólogas que intervinieron en la investigación, quienes tomaron “por cierto un hecho por demás incierto: la existencia del abuso sexual”.

Luciana Muñoz, la ex mujer de Pascual y mamá de Joaquín, lo acusaba de haber abusado del chico en al menos dos oportunidades, cuando el nene tenía entre tres y cuatro años. Según el fallo, la denuncia se originó en el marco de una disputa entre los padres, posterior a la separación, “vinculada con el régimen de visitas y, más aún, con el rol de padre que reclamaba el imputado frente al nuevo esquema familiar del niño, en el que su figura aparecía confundida con la de la nueva pareja” de Muñoz.

Pese a las evidencias, a los relatos diferentes que el niño prestó cuando tenía cinco años y luego, en el proceso del debate, a los 11, y a otras evidencias que llevaban a inferir que los hechos podían haber ocurrido de manera diferente, las peritos que intervinieron en la investigación, las licenciadas en psicología María Elizabeth González Montaner, Gabriela Salusso y Selva Magdalena Moretto, creyeron en la hipótesis de los abusos.

Los jueces cuestionaron la forma en que fue entrevistado el pequeño para construir la acusación. Consideraron que se trató el interrogatorio fue “altamente sugestivo”, con preguntas “dirigidas a sugerirle al niño las respuestas que se consideraban correctas a la luz de una única hipótesis”. Y consideraron que los peritajes terminaron “tergiversando la escasa prueba existente”.

“La cuestionable intervención que han tenido los peritos, determinada principalmente por el sesgo de sus entrevistas, ha alterado la única prueba que hubiese permitido esclarecer los hechos”, resume el fallo, de 55 páginas, al que tuvo acceso la agencia de noticias DyN.

Pascual, quien incluso estuvo preso por la imputación, “contó que hace seis años que no puede proyectar nada” y que “extraña a Joaquín”


Fuente: Clarín.com

martes, 25 de octubre de 2011

Acerca de la imprecisión de las noticias policiales


Por Miguel A. Fucarile


En la edición en línea del diario La Nación, hoy se pudo leer la siguiente nota:



(Click en la imagen para ampliar)

En ella se nota un pequeño error en cuanto al procedimiento penal de la Provincia de Buenos Aires, que más adelante parece rectificarse.-

En primer lugar, del titular se deduce claramente que sería el fiscal quien dicta la prisión preventiva, cuando cualquier litigante en el fuero notará que aquello no es así, siendo lo correcto afirmar que el fiscal debe, luego de recolectar elementos suficientes y demostrar (si es que ello es posible) que se configuran los peligros procesales necesarios para la restricción más violenta de la libertad de quien por ley es inocente, interponer una solicitud de prisión preventiva al Juez de Garantías, único autorizado por la ley para dicha medida.-

En el cuerpo de la nota se puede leer lo que parece ser la rectificación del titular, aunque queda vigente una contradicción insalvable. Este y otros "pequeños" detalles en más de un diario se pueden percibir comunmente y como mínimo hacen fruncir el ceño.

Hace unas semanas, en una de las tantas entrevistas al abogado de la madre de Candela Rodríguez, la Sra. Labrador, el letrado deslizó (quizás involuntariamente) que "el fiscal debería con los elementos recabados hasta la fecha DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO Y PRISIÓN PREVENTIVA" a los detenidos. Lejos quiero estar enemistado con el Dr., aunque llamó muchísimo la atención dicho tecnicismo desperfecto.-

Se podría pensar que los periodistas tienen cierta licencia para tales errores, aunque más de uno se arroga por su "especialidad" en notas policiales un conocimiento acabadísimo de los procedimientos penales nacionales y provinciales.-

Esto llama mucho la atención.-


ACTUALIZACIÓN 16/10/2011.-

Relacionado con la entrada de ayer, hoy en el noticiero de Canal 9 un titular decía: "Liberan a un violador por $600.-". En el desarrollo de la nota, se afirmó que se le concedió la excarcelación (es decir, no hay sentencia condenatoria y entonces no es un violador) a un imputado por abuso sexual simple (no es violación la correcta imputación).

martes, 11 de octubre de 2011

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"Disvalor de acción y disvalor de resultado en el Derecho Penal", por Günter Stratenwerth
Hoy me interesa resaltar esta obra, la cual contiene dos ponencias del Dr. Günter Stratenwerth realizadas hace ya varios años, explicando en sus breves páginas los conceptos de disvalor de acción y disvalor de resultado en la dogmática penal, relacionándolos con consturcciones denominadas como "normas de valoración" y "normas de determinación", y también con el principio de culpabilidad entendido en su sentido tradicional, como presupuesto subjetivo necesario de todo ilícito.-

Aquí el autor desarrolla en un primer capítulo (primera ponencia) lo que entiende por disvalor de acción, y cuestiona la doctrina establecida por los subjetivistas acerca de la sola necesidad del disvalor de acción como fundamento del ilícito.-

Posteriormente, en su segundo capítulo (segunda ponencia), desarrolla más acabadamente el concepto de disvalor de resultado y su principal realción con el principio de culpabilidad, como aspecto necesario para dar cuenta de una conducta delictiva.-

miércoles, 14 de septiembre de 2011

Absolvieron a Carlos Menem en el juicio oral por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador


El Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 dio a conocer este martes la sentencia en el juicio oral por la causa en donde se investiga la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.

En la resolución, el tribunal absolvió al ex presidente Carlos Menem y a los otros 17 acusados.

Además de Menem, estaban imputados Diego Palleros (vendedor de armas), Emir Yoma (ex asesor presidencial), Oscar Camilión (ex ministro de Defensa), Luis Sarlenga (ex interventor de Fabricaciones Militares), Carlos Núñez, Edberto González de la Vega, Manuel Cornejo Torino, Antonio Vicario, Julio Sabra, Haroldo Fusari, Teresa Irañeta de Canterito y Carlos Franke (ex funcionarios de Fabricaciones militares), (ex jefa de abastecimiento), Jorge Cornejo Torino (ex director Fábrica Militar de Río Tercero), Enrique de la Torre (ex director de seguridad Internacional de Cancillería), Mauricio Musí (ex director de coordinación empresaria de Cancillería), Juan Paulik (ex jefe de la Fuerza Aérea) y María Teresa Cueto (ex verificadora de Aduanas).

Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 7 de noviembre próximo, a las 13.

El juicio oral se inició el 16 de octubre del 2008 y declararon 383 testigos, muchos de ellos a través de videoconferencia desde distintos lugares del país y del mundo, como Ecuador, Perú, República Checa y Austria.

Fuente: CIJ

viernes, 9 de septiembre de 2011

Juicio rápido

Art. 8.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica):

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

(Garantía de plazo razonable de duración del proceso penal)

jueves, 8 de septiembre de 2011

Transfieren más delitos al ámbito de la Justicia porteña

Se aprobó en Diputados con el apoyo de todos los bloques La ley incluye 27 delitos, algunos vinculados con la inseguridad y la corrupción. Estiman que equivale a unas 30 mil causas anuales. La Ciudad reclamará que el traspaso venga acompañado de fondos.

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Las investigaciones de supuestos hechos de corrupción de funcionarios de la Ciudad y delitos vinculados con la inseguirdad serán juzgados por la Justicia penal porteña. Así lo establece una ley que sancionó ayer el Congreso Nacional y que transfiere a la Ciudad la competencia para investigar una larga serie de delitos que hasta ahora, cuando se cometen en el territorio porteño, recaen igual en la Justicia de la Nación.

Se abrirá, ahora, de todas maneras, una disputa entre los Gobiernos de la Nación y la Ciudad por la transferencia de partidas presupuestarias que tendría que acompañar el traspaso de la competencia sobre los delitos.

Ya hay un conflicto por dinero, de hecho, a raíz de las dos transferencias anteriores de competencias, que se hicieron sin los fondos. La Ciudad viene reclamando $ 130 millones a través de una demanda contra la Nación en la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo. Ayer mismo lo recordaron en la Cámara de Diputados legisladores del PRO. El texto votado establece que se deben transferir fondos, pero no establece cómo deben cuántificarse.

El proyecto fue aprobado ayer por unanimidad en Diputados y pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación, porque el año pasado ya había recibido media sanción del Senado, donde lo impulsaron los kirchneristas Daniel Filmus y Miguel Pichetto.

La Justicia porteña tuvo su origen luego de la reforma constitucional de 1994, ya que hasta allí la Ciudad era un territorio que dependía directamente del Gobierno Nacional. Sin embargo, la célebre ley Cafiero, de defensa de los intereses nacionales en la Ciudad, restringió, entre otras cuestiones, las competencias de la Justicia porteña a las materias contravencional y contencioso administrativa.

Sólo a través de convenios entre los dos gobiernos en los últimos años se transfirieron dos tandas de delitos penales a la Justicia porteña. Para esta tercera transferencia se eligió otra vía, que fue una ley nacional, que ahora seguramente será refrendada por la Legislatura de la Ciudad. Pero además este tercer capítulo es el que más delitos incluye: en total son 27.

Entre ellos figuran los delitos de corrupción de funcionarios locales, como enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. También hay otras figuras más comunes, como lesiones, estafa e incluso tenencia de estupefacientes.

“Se dice que estos delitos totalizan unas 30.000 causas anuales , aunque es difícil de calcular con precisión. La Justicia de la Ciudad está plenamente en condiciones de hacerse cargo porque tiene 31 juzgados de primera instancia y actualmente se están tramitando concursos para ampliar el número de fiscalías, de defensorías oficiales y de asesorías tutelares”, dijo a Clarín Marcelo Vázquez, camarista contravencional y peñal porteño y directivo de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), que impulsó esta ley.

“Por supuesto que este es un paso más hacia la autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires y estamos satisfechos. Pero es muy importante que ahora se transfieran las partidas presupuestarias, que no pase como con las transferencias anteriores”, dijo a este diario Martín Borrelli, legislador del PRO e integrante de la Comisión de Justicia.

Las autoridades de la Justicia de la Ciudad elevaron recientemente un pedido de $ 725 millones para que sean incluidos en el resupuesto para 2012.


Fuente: Clarín.com

miércoles, 7 de septiembre de 2011

Extienden el plazo de prescripción para los delitos sexuales contra menores


El Congreso convirtió en ley el proyecto impulsado por el diseñador Roberto Piazza. La iniciativa establece que cuando la víctima sea menor de 18 años, la prescripción de la acción penal contará a partir del momento que cumpla la mayoría de edad.

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Los diputados convirtieron en ley hoy en la sesión especial pedida por el oficialismo para esta tarde, el proyecto por el cual se extienden plazos de prescripción de los delitos sexuales contra menores, impulsado por la Fundación Roberto Piazza, que preside el famoso diseñador de modas del mismo nombre que fue víctima en su infancia de ese tipo de abusos.

La iniciativa, aprobada entre una serie de proyectos sin debate y en forma acelerada, establece que los años para la prescripción de los delitos contra la integridad sexual de los menores se comienzan a contar a partir de que la víctima cumpla los 18 años de edad, lo cual implica la extensión en los hechos de los plazos para reprimir ese tipo de delitos.

La norma aprobada hoy busca ampliar los plazos de prescripción para permitir que las víctimas de abusos puedan, cuando las condiciones estén dadas, efectuar las denuncias correspondientes y que delito todavía pueda ser punible.

Hasta ahora, el Código Penal marca que el plazo para la denuncia de un hecho contra la integridad sexual de un menor comienza a correr a la medianoche de ocurrido el abuso, incluso cuando el abusador sea el padre o un adulto que tenga a su cargo al niño o niña.

En ese tipo de casos, el abusador por el poder que ejerce sobre su victima puede impedir que el caso se denuncie a tiempo, por lo cual tiene posibilidades de que quede prescripto.

Fuente: La Razón
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